Santander – 04.07.2022

El Gobierno de Cantabria y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de la región han abogado por la colaboración tecnológica para mejorar el servicio público y la interacción con la ciudadanía.

En este ámbito, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha abordado con la decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, Ana Julia Marlasca, la mejora que ha supuesto la puesta en marcha del Geoportal de la entidad colegial para realizar búsquedas y obtener información relacionada con las fincas registrales.

La decana ha destacado las ventajas de esta plataforma, donde se puede analizar las limitaciones administrativas de una determinada finca, como es el caso de las urbanísticas y medioambientales.

Así, a través de geoportal.registradores.org, además de acceder de forma gratuita a la información relacionada con la componente geográfica de las fincas registrales, se podrá solicitar publicidad registral de la pacerla catastral o finca registral, incluyendo herramientas con las que el usuario podrá realizar un análisis de las limitaciones administrativas relativas a un terreno.

En este punto, la consejera de Presidencia y la decana han coincidido en defender la atención presencial en los servicios públicos con la que asegurar una adecuada atención para las personas que pueden tener mayores problemas para acceder a este tipo de aplicaciones tecnológicas. En este sentido, ha resaltado la implantación del servicio de asesoramiento gratuito que presta el Colegio.

Fernández Viaña ha apuntado, por su parte, las inversiones realizadas por su departamento dentro del proyecto de transformación digital de la Administración Autonómica, una iniciativa que ha supuesto mejorar la capacidad de proceso y almacenamiento del Centro de Proceso de Datos, que soporta los servicios de administración electrónica del Gobierno y los ayuntamientos.

Por último, ha citado los avances que el Gobierno regional ha implantado en la Administración autonómica para digitalizar 1.400 procedimientos administrativos y la tramitación interna, a través de múltiples aplicaciones tecnológicas y disposiciones normativas.