Santander- 21.10.2022

Los más de 28.000 empleados públicos del Gobierno de Cantabria recibirán en sus nóminas del mes de noviembre la compensación salarial del 1,5 por ciento en las retribuciones de este año, un incremento salarial excepcional que tendrá carácter retroactivo desde el mes de enero.

Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández, quien ha informado que con este incremento la subida global para este año entre los empleados públicos autonómicos alcanzará el 3,5 por ciento, en aplicación a la legislación básica estatal.

La consejera de Presidencia ha informado que el Gobierno ha informado de este extremo a los representantes sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Función Pública y el Comité de Empresa, reunidos hoy, y convocará para la próxima semana la Mesa General de Negociación con el objeto de informar en detalle del alcance de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2023 en el ámbito del personal público y los refuerzos previstos.

Fernández Viaña ha apuntado que su departamento ha convocado por primera vez, de forma previa, a los representantes sindicales presentes en la Mesa General de Negociación con el objetivo de escuchar previamente sus propuestas sobre el Capítulo 1 de los presupuestos.

Este capítulo de los próximos presupuestos regionales incluirá la subida salarial consolidada del 3,5 por ciento del año 2022, junto al incremento del 2,5 por ciento previsto para 2023 para todos los empleados públicos del país, al que se podrán sumar alzas de carácter variable de hasta el 1 por ciento adicional, según el crecimiento del PIB o del IPC acumulado.

Sin embargo, el incremento salarial previsto para 2023 no será de aplicación para el presidente regional y los consejeros, que han decidido congelar sus salarios y no se aplicarán el incremento retributivo del 2,5 por ciento previsto para el próximo año.

La consejera de Presidencia del Gobierno cántabro ha defendido recuperar los derechos perdidos y seguir mejorando las condiciones laborales de los empleados públicos autonómicos, afectados por la pérdida de poder adquisitivo ante la actual escalada de precios, pero también, hace ya una década, por los recortes y la congelación de sus salarios. En su opinión, la mejora de las condiciones laborales resulta “fundamental” para mejorar los servicios públicos prestados a la ciudadanía, pero también para “paliar el efecto de la inflación en la economía regional”, ha subrayado Fernández Viaña.