El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, han intervenido en la apertura de esta jornada, que ha reunido en Santander a técnicos y representantes de las cuatro autonomías.

Revilla ha valorado la posición puntera de Cantabria y las otras tres autonomías competentes en la gestión de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia y ha respaldado los trabajos de colaboración y coordinación para avanzar en la digitalización judicial.

La consejera de Justicia, Paula Fernández, ha señalado que las comunidades Avantius/Vereda son las más avanzadas en el ámbito de digitalización de la justicia y ha informado que es un sistema presente hoy en 450 juzgados, fiscalías e institutos de medicina legal, y que más de 6.000 funcionarios y 70.000 profesionales y colaboradores utilizan cada día.

Durante la pandemia y en el periodo de desescalada en la justicia, «se demostró que este sistema de gestión procesal fue el mejor» en su funcionamiento, ha subrayado la consejera, y ha añadido que también, desde la Administración de Justicia, se está aprovechando «mejor que nadie» los fondos de recuperación para dar un nuevo impulso a la digitalización.

En este punto, ha recordado la captación de fondos que ha conseguido Cantabria para su Administración de Justicia, más de 7 millones de euros, lo que supone multiplicar por cuatro la inversión prevista inicialmente.

«Cantabria parte en este proceso muy bien situada, con los mejores socios –en referencia a las comunidades Avantius- y con el mejor sistema de gestión procesal para culminar el expediente judicial electrónico y la gestión informática en 2025», ha destacado Fernández Viaña en su intervención.

La consejera y el resto de representantes autonómicos han mostrado, además, su preocupación por el mantenimiento, por cuarta semana, de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Fernández Viaña ha detallado que en Cantabria está afectando «de lleno» esta huelga con 700 demandas pendientes de repartir y más de 800 actuaciones procesales suspendidas, si bien ha confiado en que mañana, durante la reunión entre el Ministerio de Justicia y el comité de huelga, pueda resolverse finalmente la situación.

Justicia de datos e inteligencia artificial

En este acto también ha intervenido el consejero de Justicia de Navarra, Eduardo Santos, que ha puesto la vista en los proyectos tecnológicos de futuro para la comunidad Avantius/Vereda con una justicia orientada al dato y que utilice la inteligencia artificial para ahorrar tiempo y ser más eficientes.

«Actualmente, estamos liderando este sector tecnológico en el ámbito de la justicia, pero sabemos que podemos dar mucho más y tenemos que ser ambiciosos», ha opinado Santos, quien ha añadido que el sistema Avantius ofrece una «oportunidad incomparable» para ofrecer un mejor servicio de la justicia a la ciudadanía.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno vasco, Ana Agirre, ha recordado que Euskadi decidió hace escasas fechas incorporarse al «mejor sistema de gestión procesal» que había en la justicia y ha informado que el proceso de implantación se ha realizado «en un tiempo record» debido al elevado desarrollo del sistema en la actualidad.

Por su parte, la directora de Justicia del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, cree que las comunidades autónomas están poniendo unos «instrumentos más que idóneos para que esta orquesta –la justicia- suene lo mejor posible» y ha valorado el acuerdo y la colaboración de cuatro autonomías de distinto signo político, que ha contado, además, con el apoyo de todos los agentes implicados en la gestión de la justicia.

«Somos una cooperativa y cada mejora es compartida con el resto de comunidades autónomas (…). Da igual el color político de cada comunidad, estamos arrimando el hombro todos para prestar el mejor servicio público a ciudadanía y usuarios», ha opinado Júlvez.

En esta reunión de trabajo convocada por Cantabria también han participado representantes de todos los colectivos judiciales de la región, entre los que se encontraban el director de Justicia, Pablo Ortiz; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral; la fiscal superior, Pilar Jiménez; la secretaria gobierno del TSJC, María Socorro García, junto a los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores, Andrés de Diego y Rosaura Díez, respectivamente.

Proyectos de digitalización de la justicia cántabra

Cantabria dispondrá de 7 millones de euros provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU que irán destinados a innovación tecnológica y a los proyectos de digitalización de la Administración de Justicia, un presupuesto donde se incluyen los 3 millones de inversión, de un montante total de 10 millones, que se repartirán entre las autonomías que comparten el sistema de gestión Avantius.

Toda esta inversión se destinará al desarrollo de los procedimientos judiciales electrónicos y a la digitalización, con el objetivo de que, a finales de 2025, el 70 por ciento de los órganos judiciales de Cantabria dispongan de las infraestructuras necesarias para celebrar el 30 por ciento de los trámites judiciales de forma telemática.

Entre los proyectos ya lanzados, destaca la adquisición de equipos informáticos, conexiones inalámbricas en las sedes judiciales y equipos de videocomunicación para consolidar la modernización tecnológica, una inversión que ha superado los 500.000 euros, provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU.

Otras partidas de este fondo se destinarán en el futuro próximo a la digitalización de la totalidad de los registros civiles para transformar en soporte electrónico los libros, unos 1.600 que se encuentran en los municipios. El Gobierno de Cantabria prevé adjudicar el proyecto de digitalización de todos los registros civiles a mediados de este año, una iniciativa que supondrá una inversión cercana a los 800.000 euros, provenientes también de los fondos europeos de recuperación.

Por otro lado, Cantabria procederá además a la digitalización del Archivo judicial territorial, para que más expedientes judiciales sean accesibles a través del sistema de gestión procesal utilizado por los juzgados y tribunales, una iniciativa de ámbito autonómico que supondrá una inversión de 1,2 millones de euros.

El Gobierno autonómico prevé invertir cerca de 800.000 euros en proyectos de creación de bases de datos y estadísticas judiciales automatizadas.

Además de las citadas mejoras en el programa Vereda de gestión procesal; la habilitación de nuevos sistemas de videoconferencia y microfonía digital, entre otras posibilidades técnicas, se procederá a integrar a partir de marzo las vistas dentro del sistema de gestión procesal, un paso que facilitará el trabajo a los actores involucrados y que estará plenamente implantado en Cantabria tras el verano.

Comunicaciones electrónicas

El programa de gestión procesal Vereda utilizado por Cantabria y las autonomías de Navarra, País Vasco y Aragón es el más avanzado del país y se ha adaptado a todas las exigencias procesales y técnicas que se han producido en el último tiempo dentro del proceso de digitalización de la justicia.

Durante el pasado año, la Administración de Justicia de Cantabria superó los 1,4 millones de notificaciones judiciales electrónicas, concretamente se registraron 1.423.333 por este sistema, lo que supone un incremento del 2 por ciento con respecto a 2021 (cerca de 27.000 más).

En el último año se produjeron también más de 1,4 millones de firmas electrónicas, los profesionales presentaron a los juzgados y tribunales cántabros 103.523 escritos de inicio (escritos remitidos a un órgano judicial por el que se solicita la incoación de un expediente) y 227.926 escritos de trámite, con un total de 162.259 expedientes judiciales registrados y 66.264 asuntos.

Asimismo, se emitieron por el sistema Vereda de Cantabria 70.317 sentencias, autos y decretos.