El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha abogado hoy por una organización judicial que dé respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía, como es una mayor agilidad y celeridad en los procesos judiciales.

La agilización de la justicia «es uno de los temas que los ciudadanos más demanda», para hacer frente «a la gran burocracia y al papeleo, que es desesperante», ha dicho el presidente en su intervención en la apertura del XX Curso de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que organiza el Gobierno autonómico y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

En este punto, ha informado que el Gobierno regional está trabajando en la futura organización judicial prevista en las tres leyes de eficiencia judicial en el ámbito organizativo, procesal y digital, que se encuentran en proceso de aprobación parlamentaria a nivel nacional y con las que se pretende una transformación hacia un sistema más ágil y eficiente.

Ante más de 400 juristas de toda España, el jefe del Ejecutivo regional se ha referido, así, a los trabajos previos desarrollados en la Comunidad Autónoma para adecuar la nueva estructura a la realidad de la Comunidad Autónoma y abordar una reorganización judicial que, según ha asegurado, será «consensuada» con los colectivos implicados.

Ha destacado la importancia de las oficinas de justicia en los municipios de cara a una justicia «próxima» y luchar contra el despoblamiento en las zonas rurales, y ha apuntado la oportunidad que suponen los fondos europeos Next Generation para la modernización de la justicia.

En su intervención, Revilla ha mostrado también su satisfacción por la consolidación de este encuentro, que es un «éxito absoluto» de participación e «interés» de todos los colectivos que intervienen en la Administración de Justicia y personal docente, y ha valorado especialmente la iniciativa del promotor de este curso, el exconsejero y letrado del Tribunal Supremo, Vicente Mediavilla, presente en el acto y que participa también como ponente.

Asimismo, ha destacado la calidad de los ponentes y profesionales que intervendrán hasta mañana en las jornadas y que generarán, en su opinión, conclusiones «muy interesantes» para las administraciones públicas.

Por otro lado, ha invitado a todos los participantes a que acudan a Liébana y pasen por la Puerta del Perdón, antes de terminar el Año Jubilar Lebaniego, fecha prevista para el 16 de abril de 2024.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha hablado también del trabajo de su departamento tendente al diseño de la nueva organización judicial que conlleva, entre otras cuestiones, adaptaciones y cambios en las relaciones de puestos de trabajo y en los sistemas de gestión procesal para su adaptación al nuevo esquema judicial.

A juicio de la consejera, es importante que la justicia mantenga la cercanía que se tiene ahora con los juzgados de paz. «Ese es el objetivo y es en lo que vamos a trabajar», ha dicho Fernández Viaña.

En este acto también han intervenido la directora general del Servicio Jurídico, Ana García Barredo, y el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, Rafael Losada, que ejercen como directores del curso, junto a la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

En la presente edición, el XX Curso de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ha reunido en el Paraninfo de La Magdalena a 400 personas entre jueces y magistrados, empleados públicos y docentes en el ámbito del Derecho Administrativo. El programa formativo lo componen, como en ediciones anteriores, diversas ponencias y mesas redondas, donde se abordan temas actuales y claves en la gestión diaria de las administraciones públicas y que están generando gran litigiosidad.

Entre ellos, se abordará la repercusión que tiene la declaración de inconstitucionalidad de normas con rango de ley o el control jurisdiccional de la potestad reglamentaria sobre los actos administrativos ya dictados con arreglo a dicha normativa o sobre los procesos judiciales ya iniciados.

Igualmente, se debatirá sobre la posible responsabilidad patrimonial derivada de actos dictados bajo la vigencia de normas declaradas contrarias a derecho y la difícil posición de la administración pública en los periodos transitorios tras el dictado de sentencias que no han adquirido firmeza.