Santander – 10.10.2023

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado el comienzo este mes de las obras de la unidad específica de agudos en el Hospital Sierrallana «para poder ingresar y atender a personas con trastorno mental grave». Una medida que se suma a la creación de un Plan de Prevención del Suicidio, de manera conjunta entre las consejerías de Salud, de inclusión Social y de Educación.

Con estas medidas, que la presidenta ha anunciado durante la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, evidencia el compromiso de su Ejecutivo con la atención a estas patologías, que están «en el centro de la agenda política».

 «No podemos seguir escuchando año tras año vuestros manifiestos y quedarnos de brazos cruzados», ha dicho dirigiéndose a las entidades que trabajan en la atención a personas con enfermedad mental. «Yo no lo voy a hacer, mi Gobierno tampoco y ya hemos empezado a cambiar las cosas al ritmo que reclama la sociedad», ha añadido la presidenta que, no obstante, ha reconocido que «queda muchísimo por avanzar».

Así, este mismo mes comenzarán las obras de la unidad de agudos de Sierrallana con una inversión de 200.000 euros y que estará dotada de 9 habitaciones individuales con posibilidad de desdoble, 7 consultas y una sala de terapia ambulatoria para tratamientos en hospital de día psiquiátrico.

Esta unidad que, según la previsión del Ejecutivo podría estar operativa en marzo de 2024, permitirá además extender, al área de salud de Torrelavega, el programa CARS de prevención y abordaje de la conducta suicida que ya existe y «está dando excelentes resultados en Valdecilla».

Para hacer frente al incremento de casos de suicidio que se han producido tras la pandemia, el Gobierno va a poner en marcha también un Plan de Prevención del Suicidio, que diseñarán de manera conjunta y coordinada las consejerías de Salud, de Inclusión y de Educación, y contará con la participación de las asociaciones y el tercer sector.

Además de estas medidas, el Gobierno de Cantabria va a seguir ampliando «hasta alcanzar a toda la Comunidad Autónoma» el programa de psicología en Atención Primaria que actualmente se desarrolla en 10 centros de salud y va a reforzar el plan de choque infanto-juvenil.

La presidenta también ha asegurado que el Gobierno va a impulsar la formación especializada de profesionales de distintos ámbitos, como el derecho, para la defensa y asesoramiento legal de las personas afectadas por enfermedad mental, y está estudiando equiparar la discapacidad intelectual con la enfermedad mental en la Oferta Pública de Empleo «para facilitar el acceso a un puesto de trabajo y promover su autonomía personal».

Al margen de estas medidas, la presidenta ha considerado prioritario «el respeto a la dignidad del paciente en los tratamientos y la humanización en los cuidados» y, por eso, la salud mental «va a estar muy presente» en el futuro Plan Integral de Humanización de la Asistencia Sanitaria que, en lugar de centrarse en la enfermedad, se centrará en el paciente y sus familias.

«Con esto, no está todo dicho, pero es el punto de arranque de este Gobierno en sus menos de 100 días», ha afirmado Buruaga, que ha instado a las instituciones a «dar pasos firmes en la normalización de la vida de las personas con enfermedad mental», ha reconocido la labor de las entidades y asociaciones dando visibilidad a estas patologías que, según ha recordado, afectarán al 25% de la población en algún momento de su vida, y ha reclamado «la complicidad, la ayuda y el compromiso del toda la sociedad» en este «reto colectivo».

La conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, convocada por las entidades  ASCASAM, Centro Hospitalario Padre Menni, Fundación Acorde y Proyecto Hombre Cantabria, ha concentrado hoy en la plaza del Ayuntamiento de Santander a autoridades, entre ellas, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, que han intervenido junto a la presidenta, la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, y representantes de asociaciones que trabajan en la atención a personas con enfermedad mental, además de usuarios y ciudadanía en general.

Un derecho humano universal

Los organizadores han leído una proclama en la que, de acuerdo con la reivindicación de este año ‘Salud mental, salud mundial: un derecho universal’, han instado a instituciones, agentes sociales, sociedades científicas, profesionales de salud, y sociedad en su conjunto «no consideren las medidas coercitivas como tratamientos ni como parte del proceso terapéutico» y que «de manera urgente se tienda hacia ‘cero contenciones’ y la erradicación del uso de la coerción de naturaleza física, química o emocional».

Paralelamente han reclamado «más recursos para desarrollar medidas alternativas desde el enfoque de los derechos humanos» y «cambiando el paradigma actual por un modelo comunitario basado en la recuperación y en la promoción de la autonomía de las personas».

Además, han propuesto que se «humanicen los instrumentos y se garantice una intervención especializada centrada en la persona, confiable y empática» y se garantice el «ejercicio de la capacidad jurídica, el sistema de apoyo, el derecho a la información y a tomar las propias decisiones sobre su vida».

Salud Mental, una política de estado

Durante el acto, además cuatro usuarios de ASCASAN, Centro Hospitalario Padre Menni, Fundación Acorde y Proyecto Hombre, han leído un manifiesto en el que han reclamado la «realización» de sus derechos que «pueden empezar desde el vínculo más cercano hasta el barrio, el pueblo, la ciudad y, por fin, las naciones».

«En este punto, la salud mental dejará de ser un gesto para convertirse en una conducta, en una política de Estado», han señalado a la vez que han reclamado al Estado «trabajar por una toma de conciencia de los problemas asociados a la salud mental», «procurar un futuro habitable para los niños y niñas» y «garantizar la libertad y seguridad de las personas, así como su protección ante tratos degradantes».