Cantabria recibirá 1,3 millones para relanzar los proyectos de digitalización de la justicia

Santander- 03.12.2021

Cantabria recibirá 1,3 millones para relanzar los proyectos de digitalización de la justicia, consistentes en el desarrollo de los sistemas necesarios para la interconexión y comunicación de todos los juzgados españoles y la creación de bases de datos comunes en el territorio nacional.

Así se ha aprobado hoy en la reunión de la Conferencia Sectorial entre el Ministerio y las autonomías, en la que ha intervenido la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, que ha valorado el alcance de las nuevas inversiones para la Comunidad Autónoma para “completar la digitalización de la justicia y hacer posible en un corto periodo de tiempo la interconexión” de todos los sistemas judiciales.

“La justicia cántabra y española tienen aún algunos retos por delante y estas nuevas inversiones relanzarán el proceso de modernización que Cantabria comenzó hace años, siendo una de las Comunidades españolas más innovadoras”, ha señalado Fernández Viaña, quien ha destacado también el objetivo de hacer una justicia más cercana y “alcanzar el mundo rural” con la implantación de las Oficinas de Justicia municipales.

En concreto, según ha explicado, los 1,3 millones se destinarán en Cantabria a procesos de interoperabilidad con el tablón edictal judicial único, que unifica e informatiza los edictos judiciales del país; el acceso a todos los procedimientos judiciales, y la creación de bases de datos y estadísticas judiciales comunes e integradas en el territorio nacional.

Pero los avances en el caso de Cantabria “serán mucho mayores”, ha resaltado Fernández Viaña, dado que la Comunidad Autónoma liderará otros proyectos con las comunidades de Navarra, Aragón y País Vasco, que comparten el mismo sistema de gestión procesal. En concreto, desarrollarán cada una de ellas las fichas de integración necesarias para compartir la información y los expedientes judiciales con el resto de sistemas utilizados en el país, avances que beneficiarán a las cuatro autonomías.

Oficinas de justicia municipales

Por otro lado, se ha aprobado el Programa conjunto de reformas estructurales del servicio público de justicia, con el que Cantabria recibirá un nuevo fondo del Proyecto Justicia 2030, por importe de 1,4 millones, con los que desarrollar los componentes y sistemas del teletrabajo y, sobre todo, ha dicho la consejera “mirar” hacia las oficinas de justicia municipales. El Gobierno de Cantabria asumirá la competencia de dotar de medios materiales a las Oficinas con el fin de homogeneizar la prestación de estos servicios en toda la autonomía, en donde se podrán realizar juicios y diligencias telemáticas.

En total, Cantabria recibirá unos 2,5 millones del plan Justicia 2030 que desarrolla el Ministerio y cuyo objetivo es transformar la Justicia para hacerla más eficiente, accesible y sostenible.

Por otro lado, la Consejería de Justicia se ha interesado por los avances de la normativa que regula el teletrabajo en el sector de la justicia y ha trasladado a la ministra Pilar Llop, la opinión de la región sobre la ampliación de la planta judicial de Cantabria, aprobada esta semana, que supone la creación de un segundo juzgado mercantil en Santander.

Fernández Viaña ha señalado que este nuevo órgano judicial cumple “en parte” las expectativas que tenía Cantabria, que mantendrá para 2022 sus peticiones de creación de dos plazas más de magistrado en la Audiencia Provincial y el juzgado de instancia número 13 en Santander.

Desde 2015, Cantabria ha incrementado su planta judicial con tres nuevos órganos judiciales: el juzgado número 7 de Torrelavega, el juzgado de primera instancia número 12 de Santander y, ahora, el segundo juzgado de lo mercantil.

Por último, las comunidades con competencias y el Ministerio han abordado la creación de un foro especializado con el sector empresarial para facilitar el desarrollo de los proyectos de modernización de la justicia y que las ofertas de las empresas se adapten a las necesidades demandadas por la Administración de Justicia.