Cantabria reclama prorrogar los fondos Covid para 2022 y un plan estatal de Atención Primaria como temas prioritarios en la próxima Conferencia de Presidentes

Santander- 26.11.2021

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha planteado durante la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes que desde este órgano de máximo nivel político y de cooperación se impulse un plan estatal que reestructure, renueve y mejore el primer escalón de la Sanidad, la Atención Primaria, y que sufre un problema estructural en el país por la falta de profesionales.

Igualmente, Cantabria ha reclamado prorrogar el fondo Covid para 2022, dado que para el próximo ejercicio se mantienen los servicios públicos adicionales para hacer frente a la pandemia, sobre todo en el ámbito sanitario, pero también en el educativo con el refuerzo de profesores y personal coordinador.

Así lo ha destacado la consejera durante el comité preparatorio de la Conferencia de Presidentes autonómicos, celebrada esta mañana en Madrid, en el que ha planteado abordar ambas iniciativas y ha expuesto otra propuesta de Cantabria, tendente a elaborar un plan consensuado que impulse el proceso de descentralización de las instituciones y organismos del Estado para que se trasladen a cada autonomía.

Según ha dicho ante la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, las autonomías, “debemos de participar en primera línea y en cogobernanza” en el diseño de esta propuesta, en la que Cantabria “se postula” con el fin de “compartir Estado” y propiciar un mayor equilibrio entre las comunidades autónomas.

Fernández Viaña ha destacado la importancia de trasladar algunos organismos públicos fuera de Madrid como efecto de desarrollo para el resto de autonomías y ha considerado que Cantabria es una comunidad “propicia” para acoger instituciones estatales. Es una forma también, ha dicho, de responder a la “deuda histórica” que tiene el Estado con Cantabria.

Cooperación en emergencias

Por otro lado, los consejeros y representantes autonómicos han abordado la creación de un nuevo sistema de cooperación en materia de emergencias y protección civil. Respecto a este tema, Fernández Viaña ha mostrado su posición favorable a incrementar la coordinación de los sistemas autonómicos y estatal, pero ha considerado necesario plasmar medidas concretas en el acuerdo que aborden los presidentes en la próxima Conferencia, prevista para el mes de enero.

Para ello, Cantabria ha pedido un interlocutor único por parte de la Administración del Estado para el intercambio de propuestas e información, así como criterios únicos en todo el territorio respecto a la asunción de la jefatura de los grupos de seguridad, cuando intervienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por otro lado, la consejera de Presidencia ha solicitado una mayor agilidad y simplificación administrativa a la hora de tramitar las ayudas estatales ante grandes siniestros o catástrofes. “La respuesta debe ser mucho más inmediata porque si no, se resta efectividad a las ayudas destinadas a los afectados”, ha señalado Fernández Viaña, quien considera también necesaria una política estatal que impulse la inclusión de los riesgos naturales en los planeamientos urbanísticos y territoriales.

Igualmente, en su intervención, Cantabria ha pedido al Ministerio fondos económicos necesarios para aplicar en el próximo curso 2022/2023 las obligaciones de la nueva Ley estatal de protección de la infancia y la adolescencia, que prevé que todos los centros educativos cuenten con la figura de un coordinador de bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la dirección.

Fondos del Plan de Recuperación

Por otro lado, la consejera de Presidencia ha solicitado al Gobierno de España que se atienda a la declaración de Galicia, que han rubricado ochos presidentes autonómicos, entre los que se encuentra el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y se corrijan en el reparto de los fondos europeos los desequilibrios en el territorio, superando el criterio poblacional.

Asimismo, ha trasladado la dificultad que tienen las autonomías a la hora de cumplir los plazos de justificación de las actuaciones que se financian con los fondos europeos, por lo que ha demandado al Estado una “hoja de ruta con tiempos más flexibles” para afrontar proyectos “de tanta envergadura”. Igualmente, ha mostrado su preocupación por que estos fondos de recuperación no cubran los costes del IVA de los proyectos.  

Políticas sobre despoblamiento y financiación autonómica

Dentro del debate sobre los acuerdos adoptados en la última Conferencia de Presidentes, la consejera de Presidencia ha insistido en la necesidad de tener “consensuada y aprobada” la Estrategia nacional frente al despoblamiento y ha hecho hincapié en que estas políticas “estén ligadas y no se separen” del sistema de financiación autonómica.

“Cantabria reclama tener en cuenta el criterio del coste efectivo de la prestación de los servicios y las dificultades del envejecimiento, la orografía y el despoblamiento rural para prestar los mismos servicios públicos con la misma calidad independientemente del lugar en el que viva un ciudadano”, ha dicho la consejera durante la reunión.

Respecto a la situación de Cantabria sobre las políticas para hacer frente al despoblamiento rural, ha dicho que la Comunidad “está haciendo los deberes” con la puesta en marcha del Consejo Asesor; el mapa de municipios en riesgo; la aprobación Estrategia regional con más 300 medidas, que las distintas consejerías están poniendo en marcha, y el estudio del anteproyecto de ley regional de reto demográfico.

Igualmente, Cantabria ha solicitado al Ministerio de Política Territorial el borrador del Estatuto básico sobre pequeños municipios. La consejera ha señalado que la región cuenta con un gran número de municipios con menos de 5.000 habitantes- el 80 por ciento-, que tienen dificultades para prestar servicios esenciales por carecer de medios adecuados. “Hay que afrontar de una vez por todas esa financiación local y mirando desde el espejo de los pequeños municipios”, ha solicitado.

Empleo público y Administración digital

La consejera de Presidencia ha aprovechado este encuentro para trasladar la postura de Cantabria respecto a los últimos cambios acordados en el Congreso en el decreto ley para reducir la temporalidad en el empleo público y que ha modificado el marco jurídico negociado anteriormente con los sindicatos mayoritarios y las comunidades autónomas.

Este cambio influye, ha dicho, en la ejecución de la actual oferta de empleo público y existen además “elementos de incertidumbre que paralizan la negociación” de las futuras ofertas de empleo público autonómicas de estabilización, por la falta de concreción de los sistemas de provisión para hacer una adecuada planificación de la plantilla.

También, Fernández Viaña ha solicitado al Gobierno de España delimitar en el ámbito educativo la definición de las plazas estructurales que serán de aplicación, así como la publicación del nuevo decreto que regula el acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.

Respecto a otro de los temas tratados, referente a la implantación de la Administración digital, ha destacado la plena adaptación de la Administración General a sus directrices y obligaciones con la gestión “cien por cien” electrónica, actualmente, de más de 100.000 expedientes, un millón de firmas electrónicas y más de 150.000 notificaciones. Ahora, tras hacer efectiva esta transformación, lo que más preocupa a Cantabria, ha dicho la consejera, es la ciberseguridad y la gestión de estos riesgos para la ciudadanía.

Por último, Fernández Viaña ha expuesto las actuaciones de Cantabria respecto a la Ley de garantía de unidad de mercado y la protección del consumidor más vulnerable. En este último ámbito, Cantabria ha impulsado más de 12.000 expedientes para el pago del bono social.

Cantabria ha sido una de las autonomías que ha apoyado el nuevo Reglamento de la Conferencia de Presidentes, que plantea operar de forma más ágil, permite las intervenciones telemáticas y que el Senado pueda proponer asuntos a incluir en el orden del día.