El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado el compromiso del Gobierno de España con la atención y prevención de la salud mental y ha puesto en valor el trabajo compartido con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para aportar soluciones.

Casares ha ensalzado que la salud mental ha pasado a estar “en el primer nivel de la agenda pública”, lo que es “clave” para “hacer políticas para combatir y proteger” los problemas o las enfermedades.

El delegado del Gobierno ha participado este viernes en el acto organizado en la plaza del Ayuntamiento de Santander por la Asociación Cántabra Pro Salud Mental (ASCASAM), Proyecto Hombre y las fundaciones Acorde y Hermanas Hospitalarias con motivo del Día Internacional por la Salud Mental, que se conmemora este 10 de octubre.

El representante del Estado en Cantabria ha agradecido la labor que desarrollan estas cuatro entidades por el “compromiso y cariño” con el que realizan diariamente su trabajo de atención a “todas las personas que lo necesitan y que muchas veces sufren en silencio”.

Ha indicado que el Gobierno de España, “con el compromiso ciudadano y las asociaciones”, ha impulsado el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 dotado con 100 millones de euros y la Línea 024 de atención a las conductas suicidas que, en los tres últimos años, desde 2022, ha atendido 2.500 llamadas desde Cantabria.

Sobre el Plan de Salud Mental, ha detallado que busca situar al paciente en el centro, garantizar la continuidad asistencial y la atención domiciliaria. También pretende mejorar las condiciones laborales y las capacidades de los profesionales dándoles más tiempo y más recursos para ejercer sus competencias, y preparar la Atención Primaria para los retos de las próximas décadas ampliando los procedimientos diagnósticos y renovando los equipos y las infraestructuras.

“Tenemos que trabajar todas las administraciones públicas, en cualquier nivel de la administración, para aportar soluciones”, ha dicho el delegado del Gobierno, que ha ensalzado el trabajo compartido entre los gobiernos de España y Cantabria y los ayuntamientos  para “proteger” a quienes tienen problemas de salud mental.

Casares, al igual que las entidades organizadoras, ha indicado que “la pandemia, la precariedad laboral, el aislamiento, la soledad no deseada, las catástrofes o las emergencias han golpeado con fuerza a mucha gente” en nuestro país y “eso afecta a la salud mental, especialmente de muchos jóvenes y personas mayores”.

Por ello, ha apostado por dar “soluciones integrales” a través de las políticas públicas. “Esto no va solo de solucionarlo en las consultas, va también de proteger con programas en las escuelas, de cuidar en los trabajos combatiendo la precariedad y las extensas jornadas o de combatir la soledad no deseada desde nuestros barrios”, ha añadido.