El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha ensalzado la labor “pionera y de referencia” de los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Guardia Civil en la lucha contra ese “fenómeno delictivo” que requiere tanto de actuaciones “preventivas como operativas” específicas.

Casares, acompañado del jefe de la Guardia Civil en Cantabria, el teniente coronel Julio Postigo, ha mantenido un encuentro con integrantes del equipo nacional con motivo de su visita a la comunidad autónoma para colaborar en actos de concienciación sobre delitos de odio.

El representante del Estado ha destacado que en Cantabria, al igual que en el resto de comandancias del país, hay un Equipo REDO, adscrito al Servicio de Información.

“En España hay operativos 54 equipos territoriales y un equipo nacional y todos ellos conforman una estructura pionera y capaz de dar una respuesta rápida ante conductas de odio, así como para facilitar su investigación”, ha indicado el delegado.

Casares ha detallado que estos equipos, incluido el de Cantabria, se crearon en el marco del ‘Plan de actuación de la Guardia Civil ante los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación’, aprobado en 2022.

Estos equipos REDO, según ha explicado Casares, complementan al resto de unidades de la Guardia Civil en la actuación contra los delitos de odio por motivos de raza, religión, orientación sexual, género o discapacidad, sobre todo en aquellos casos que lo precisan por su mayor complejidad. También contribuyen a la sensibilización y formación interna y realizan un seguimiento periódico del impacto de esta tipología delictiva.

El delegado del Gobierno ha destacado la importancia de combatir los discursos de odio en todos los ámbitos y, en estos momentos, con “especial atención a las nuevas formas de comunicación que ofrecen internet y las redes sociales, donde los cuerpos policiales están realizando un esfuerzo especial de prevención y persecución”.

También ha ensalzado el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para “proteger a los más débiles, a quienes sufren odio o cualquier tipo de discriminación”, y ha abogado por “potenciar las actuaciones preventivas y operativas necesarias para prevenir el acoso y las infracciones penales que sufren estos colectivos”.