Comillas ha cerrado el año 2021 con una tasa de criminalidad de 18,7 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, 15 puntos por debajo de la misma tasa de Cantabria, según se ha detallado este martes en la Junta Local de Seguridad.

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y la alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda, han presidido hoy la reunión en la que se ha realizado un balance de seguridad del municipio.

En la reunión, también han participado el coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria Antonio Orantos, junto a otros mandos de este Cuerpo, y el jefe de la Policía Local, entre otros.

En el balance de seguridad, el término municipal experimentó un repunte en los delitos conocidos el pasado año, si bien, el número total de los mismos representan tan solo el 0,5% de los cometidos en Cantabria en 2021.

En cuanto a la tasa de criminalidad de Comillas, teniendo en cuenta el importante enclave turístico y la población vinculada al mismo, se situó en 18,76 infracciones penales por cada 1.000 habitantes.

Del estudio de los delitos conocidos en Comillas, por lo que respecta a los de patrimonio, descendieron los robos con violencia. Los robos con fuerza se conocieron dos más que el año anterior, si bien, los cometidos sobre establecimientos descendieron un 66%.

Los hurtos, que principalmente se dan en la época estival, se situaron en cifras prácticamente similares a las del año anterior, conociéndose tan solo cuatro más. En cuanto a las estafas con el uso de las nuevas tecnologías, aumentaron 12 denuncias más que el año anterior.

En relación con los delitos contra las personas, descendieron las amenazas, y se conoció una denuncia más por lesiones que en el año 2020.

Por lo que respecta a la eficacia, el esclarecimiento de delitos aumentó un 160%, lo que significó esclarecer 24 delitos más que el año anterior. Se practicaron 18 detenidos o investigados, cifra superior a la del año 2020.

En cuanto a las infracciones administrativas, la Guardia Civil realizó más de 100 actuaciones, de las cuales más del 60% estuvieron dirigidas al cumplimiento de las leyes sanitarias para la prevención de la expansión de la COVID-19.