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La Junta de Gobierno aprueba la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales, que sólo incluye, por obligación de contrato, la actualización del agua y alcantarillado según el IPC marcado por el Gobierno de España, así como la aplicación del nuevo contrato del servicio de inmovilización, recogida y depósito de vehículos
El Ayuntamiento de Santander no subirá los impuestos municipales por décimo año consecutivo. El IPC tampoco se aplicará, excepto en la actualización del servicio de agua y alcantarillado, que, por obligación del contrato, debe adaptarse a la subida del índice de inflación marcado por el Gobierno de España, que en este caso se sitúa en el 2,8%.
Así lo ha anunciado la alcaldesa, Gema Igual, quien ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la propuesta de ordenanzas fiscales para 2025, de forma que se mantienen las medidas fiscales “proteccionistas” que el equipo de gobierno ha adoptado en los últimos años. “Queremos proteger a los santanderinos, y qué mejor manera de hacerlo que no subiendo los impuestos”, ha indicado.
La regidora ha avanzado el contenido de las ordenanzas, y ha destacado que el Ayuntamiento “va a insistir en el esfuerzo” para no repercutir a los santanderinos el coste derivado de la inflación, de manera que se dejará sin aplicación el incremento del 2,8%.
“En vez de aumentar la presión fiscal a unos ciudadanos que han visto cómo se ha incrementado un 20% el coste de la vida desde 2018 y un 30% la cesta de la compra en los últimos años, desde el Ayuntamiento tenemos el firme propósito de no erosionar más su poder adquisitivo”, ha señalado Igual.
Esta medida, según ha indicado, se traducirá en 2,8 millones de euros que se quedarán en los bolsillos de los ciudadanos, “y contribuirá a fomentar el crecimiento económico de familias y empresas, y no detraerles recursos para destinar a consumo o inversión”.
Por otro lado, la alcaldesa ha precisado que, en 2025, se actualizarán las tarifas derivadas del nuevo contrato del servicio de inmovilización, recogida y depósito de vehículos. Igual ha explicado que este servicio, que es una herramienta esencial en la movilidad y seguridad del tráfico de la ciudad, no ha sido ajeno al incremento de precios de los últimos años, y un estudio de tarifas del mercado demuestra que los precios actuales del Ayuntamiento de Santander están muy por debajo de la media del resto de ciudades, lo que refuerza la necesidad de revisar unos precios que no habían sido modificados desde 2014.
Según ha detallado la alcaldesa, “el servicio de la grúa ahora mismo es deficitario y sólo se usa cuando alguien se salta las reglas”.
“No es lógico que sea un agujero por el que tengan que pagar todos los santanderinos, sino que debe repercutir en los que incumplan la norma. Por eso, a quienes circulan y estacionan debidamente no debe preocuparles esta medida, porque no les afecta. Sólo el infractor de normas de tráfico o estacionamiento que impliquen sanción económica y retirada del vehículo al depósito municipal deberá abonar un 16% más que en la actualidad”, ha recalcado Igual.
Impuestos en el mínimo legal
Por otra parte, la alcaldesa también ha recordado que, en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en los últimos años se ha producido en Santander un importante descenso en el tipo impositivo, que es la parte sobre la que puede actuar el Ayuntamiento, ya que el valor catastral viene determinado por el Estado.
“Hay impuestos en los que nos resulta imposible bajar más, porque los tenemos en el mínimo legal”, ha remarcado la alcaldesa.
En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento aplica un 0,40%, lo que representa el mínimo que permite la Ley Reguladora de Haciendas Locales, es el mínimo histórico en Santander y la sitúa como la capital de provincia con el tipo impositivo más bajo de España.
En cuanto a las tasas de agua y alcantarillado, en las que, por obligación del contrato, sí debe aplicarse el IPC, la alcaldesa ha precisado que, para paliar este incremento, se mantienen los tramos y las bonificaciones para reducir las facturas a las familias santanderinas.
De esta forma, se aplicarán bonificaciones consistentes en las siguientes reducciones: 95% a los desempleados, a todas las familias con rentas inferiores a 1.5 IPREM y a las familias numerosas y monoparentales con ingresos brutos inferiores a 3 veces el IPREM. Del 50% a todas las familias con rentas entre el 1,5 y 2,5 IPREM y a las familias numerosas y monoparentales sin límite de renta.
En el detalle de lo que supone esta subida para los santanderinos, Igual ha recordado que, en la ordenanza municipal de Santander, existen dos tipos de tarifas, doméstica y no doméstica, y dentro de cada una se factura por bloques, de manera que se paga por lo que se consume, y, además, paga más el que más consume.
Así, según un cálculo estimativo, para una casa donde vivan dos personas, con un consumo trimestral de 21 m3, la subida será de aproximadamente 0,32 euros al mes, mientras que para una unidad familiar de 3 o 4 personas, con un consumo trimestral de 28 m3, el incremento será de 0,34 euros. En el caso de un bar medio, el aumento se situará en torno a los 0,47 euros al mes y para una cafetería grande, la subida supondrá 4,72 euros mensuales.
Como resumen del efecto de las rebajas fiscales en los ciudadanos, Igual ha resaltado que, en total, a lo largo de 2025, los santanderinos se ahorrarán 12,5 millones de euros por todas las bonificaciones y exenciones fiscales en vigor, así como por la no actualización del 2,8% del IPC.
Igual ha enmarcado estas medidas en una política para “minimizar la presión fiscal” y fomentar el crecimiento económico, con iniciativas que han permitido a Santander posicionarse en los primeros puestos de competitividad fiscal, un liderazgo que, según ha resaltado la alcaldesa, ha sido acreditado por entidades como el Instituto de Estudios Económicos.
Asimismo, ha puesto de manifiesto que la solvencia económica del Ayuntamiento de Santander le permite seguir desarrollando obras y proyectos ambiciosos sin incrementar la carga fiscal sobre sus vecinos. “Santander se mueve y avanza, y lo hace de forma compatible con no subir los impuestos”, ha añadido Igual.
Tramitación
Tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local, las ordenanzas fiscales se debatirían en un Pleno para su aprobación inicial, previa aprobación de la Comisión de Economía. En este punto, la alcaldesa ha expresado que el equipo de gobierno está abierto a las propuestas de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, aunque, como ha precisado, “el esfuerzo que hemos realizado para minimizar la presión fiscal es el máximo al que podemos llegar”.
Después de la aprobación en el pleno, continuaría la tramitación habitual, de forma que se someterán a exposición pública durante 30 días hábiles y, si transcurrido ese plazo no hubiera alegaciones, quedarían aprobadas definitivamente de manera automática.
En caso de presentarse alegaciones, deberán ser examinadas y resueltas antes de llevar de nuevo las ordenanzas al Pleno para su aprobación definitiva, de cara a su entrada en vigor el 1 de enero de 2025.
