El Ejecutivo actualiza el módulo de VPO para ejecutar el plan de construcción de vivienda pública "más ambicioso de la historia de Cantabria"

Santander- 17.01.2024

La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha anunciado la actualización del módulo autonómico de VPO con el objetivo de revitalizar el parque de vivienda pública y poner en marcha el plan de construcción «más ambicioso de la historia de Cantabria». La medida, aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno, también supone el establecimiento de un nuevo mapa regional de precios máximos con tres zonas diferenciadas, según los datos del mercado de vivienda actual, que «dé respuesta a las necesidades que muchos ciudadanos tienen a la hora de acceder a una vivienda habitual», según el consejero Roberto Media.

Como dato importante ha subrayado que estas modificaciones solo se aplicarán a las viviendas protegidas que obtengan esa calificación desde la entrada en vigor de este acuerdo, «en ningún caso a las viviendas que hayan sido calificadas con anterioridad».

Esta decisión forma parte de un paquete de medidas que, como compromiso de legislatura, permitirá dinamizar el sector de la vivienda y que incluye el desbloqueo de las ayudas al alquiler; la puesta al día de las ayudas para rehabilitación y eficiencia energética y la aprobación en febrero del decreto de ayudas a la instalación de ascensores. Todas ellas han sido presentadas hoy por el consejero en rueda de prensa, junto al director general de Vivienda y Arquitectura, Carlos Montes.

«Hemos venido aquí para cambiar las cosas y vamos a poner en marcha el plan más ambicioso de la historia de Cantabria para impulsar la construcción de vivienda pública por toda la región», ha defendido el consejero, quien ha apostado por conjugar la construcción directa a través de la empresa pública GESVICAN con la intervención de la iniciativa privada, para que ésta vuelva a un mercado donde «todos los esfuerzos son pocos e imprescindibles».  Para Media la Comunidad Autónoma «necesita de mucha vivienda pública» y este objetivo sólo se logrará «trabajando desde la colaboración público-privada», ha incidido.

En su intervención el consejero, Roberto Media, ha recordado que, «venimos de varias legislaturas donde no se ha hecho prácticamente nada en este ámbito» y, precisamente, la empresa pública GESVICAN, creada para este objetivo, «se ha dedicado a otras tareas y apenas ha desarrollado vivienda pública en las dos últimas legislaturas en Cantabria», ha precisado.

«Si queremos poner en marcha una política de vivienda útil y empezar a construir de forma regular viviendas de VPO necesitamos la colaboración público-privada», ha defendido el consejero de Vivienda, Roberto Media, quien ha explicado que con la revisión del módulo «aún seguiremos siendo una de las comunidades autónomas con el precio de VPO más bajo de toda España».

Junto al anuncio hace unos meses, por parte de la presidenta Buruaga, de la construcción de 171 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en 7 ayuntamientos distintos con una inversión en torno a 27 millones de euros-14 de ellos procedentes de fondos europeos que la anterior Consejería de Vivienda ya había dado por perdidos- Media se ha referido hoy al interés de varios alcaldes de la Comunidad Autónoma para participar en este plan que permitirá desarrollar nuevas promociones de vivienda pública en otros muchos municipios.

Tal y como ha asegurado ya se están dando pasos firmes en términos municipales como Santillana del Mar o en Reinosa, un avance que se materializará en el mes de febrero con la licitación, a través de la empresa pública GESVICAN, la construcción de las primeras 8 viviendas en Santillana y otras 19 en Reinosa. Así mismo, se sacará a concurso la redacción de los proyectos y ejecución de viviendas en otros municipios como Polanco (15), Piélagos (7), Torrelavega (27), Santoña (28), Marina de Cudeyo (3) y Laredo (5) en los próximos meses en esta primera fase de este plan. 

Por lo que respecta a las ayudas de alquiler, Media ha recordado que se las encontró bloqueadas desde hacía más de un año, y consiguió desde la consejería «en apenas unos días», regularizar la situación de más de 2.000 usuarios, que llevaban esperando cobrar un total de 2,6 millones de euros de una ayuda «fundamental». Además, a lo largo del mes de febrero se aprobará el decreto que permita empezar a pagar mes a mes y no cada tres meses, como se venía haciendo hasta ahora. «No puede ser que alguien necesite la ayuda para pagar el alquiler de su vivienda habitual y el Gobierno haya tardado más de un año en facilitarle esas cantidades», ha afirmado Media al tiempo que ha afirmado que a «algunos políticos se les llena la boca diciendo que son muy sociales, pero la realidad de sus hechos no es acorde con sus presuntas intenciones».

Este plan de mejora de la vivienda en Cantabria apuesta también por actualizar y poner al día el pago de las ayudas a la rehabilitación y eficiencia energética de edificios. Según ha relatado Roberto Media el actual equipo de Gobierno encontró un agujero de al menos 58 millones de euros, tanto del programa estatal como de fondos europeos. Del primero de ellos, además de lo que estaba previsto en 2023, ya se han pagado otros 6 millones de euros con fondos propios de la Consejería en los últimos meses del pasado año. En esta línea ha expresado su compromiso para poner en marcha un plan de pagos para el resto de expedientes, que todavía no están ni calificados ni pagados y que, a lo largo de la legislatura, se pretende puedan llegar a los ciudadanos afectados.

Además, el consejero ha afirmado que mañana mantendrá una reunión en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana donde se abordarán éste y otros asuntos, entre ellos la solicitud al Estado para remitir más dinero destinado a compensar a los ciudadanos que habían presentado su solicitud en tiempo y forma para recibir estos fondos, y que han ejecutado sus proyectos de rehabilitación y se han quedado sin las ayudas prometidas.

De forma complementaria se va a intentar que, a lo largo del mes de febrero, esté aprobado el decreto de ayudas para cambiar ascensores y mejorar la accesibilidad de edificios que no se convocaba desde 2021, que cuenta en los presupuestos de este año con una partida de 3,2 millones de euros.

Falta de rentabilidad para los promotores

En los últimos años la iniciativa privada ha salido del sector de la vivienda pública y eso ha frenado la construcción de este tipo de promociones, ha explicado Media, por ello y al objeto de actualizar los precios de las viviendas públicas, que no se revisaban desde 2014, y que no resulte deficitaria su construcción para el Gobierno y Ayuntamientos o cualquier promotor interesado, se ha modificado el precio del módulo básico de las VPO con el fin «hacer rentable y atractivo para el sector privado la construcción de estas promociones».

«Tenemos un plan para desarrollar un importante número de ellas en esta legislatura, viviendas que son necesarias para la región y para ello necesitamos la colaboración privada», ha afirmado el titular de Vivienda.

Como ha explicado el consejero este mismo problema le han sufrido el resto de comunidades autónomas de nuestro país, pero «mientras las demás habían puesto solución, Cantabria no había hecho nada en estos años para remediarlo» y ha apostado por cambiar las cosas porque hacer lo que venían haciendo los anteriores gobiernos sólo dará como resultado un «absoluto fracaso de las políticas de vivienda pública».

De este modo, se ha actualizado también ese módulo básico autonómico que determina el precio máximo de venta y de renta de las viviendas protegidas, así como la creación de un nuevo mapa regional de precios máximos teniendo en cuenta los datos del mercado actual de vivienda.

En este sentido, ha sostenido que las necesidades de vivienda de protección oficial no pueden ser cubiertas solo con los recursos económicos de los que dispone el Ejecutivo, por esta razón se ha decidido hacer una revisión de los precios máximos de venta y alquiler, fijando en 968 euros el metro cuadrado útil (el 21,7% más que el vigente) una cifra que aún «nos va a seguir situando como una de las comunidades con los precios más bajos de toda España», ha incidido. Cantabria se sitúa en el puesto 14 dentro de las comunidades con el precio más barato de VOP en nuestra región, por detrás de Castilla y León, Canarias y Murcia.

En sus palabras, mediante esta revisión se logrará que estas viviendas sean atractivas para lograr que puedan ponerse más en el mercado, ha explicado el consejero, pero con un «precio razonable para que los que necesitan de una vivienda protegida para realizar su proyecto de vida puedan hacerlo porque no pueden acceder al mercado libre».

Además, se ha establecido un nuevo mapa de precios creando tres zonas distintas en la región. La zona A incluye a los municipios de Santander y Castro Urdiales, donde los precios son más altos y donde se va a aplicar un coeficiente del 1,15 sobre el precio base.

Mientras que en la Zona B, que agrupa a un total de 41 municipios (Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Comillas, Ruiloba, Alfoz de Lloredo, Cabezón de la Sal, Reocín, Santillana del Mar, Suances, Torrelavega, Corrales de Buelna, Polanco, Cartes, Piélagos, Miengo, Villaescusa, Santa Cruz de Bezana, Astillero, Camargo, Marina de Cudeyo, Estrambasaguas, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Bareyo, Arnuero, Meruelo, Noja, Escalante, Argoños, Bárcena de Cicero, Santoña, Colindres, Laredo, Voto, Ampuero, Limpias, Liendo, Guriezo, Campoo de Enmedio y Reinosa, se aplica un coeficiente del 1,07.

Por último, este mapa regional se completa con una Zona C, que incluye al resto de la Comunidad Autónoma, y donde no se aplica ningún coeficiente corrector.

De esta forma el precio máximo de venta y alquiler será el resultado de multiplicar el módulo autonómico de 968 euros por el coeficiente autonómico del 1,6, modificado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, lo que supone un precio de 1.548,80 euros el metro cuadrado. A partir de ahí se le aplica además el coeficiente de cada una de las zonas para obtener el precio definitivo.

De esta manera, en la Zona A, el precio máximo será de 1.781,12 euros m/2, este precio será aplicable en Santander y Castro Urdiales.

En los 41 municipios que comprenden la Zona B el precio máximo se fijará en 1.657,21 euros m/2, y el resto de municipios englobados en la Zona C, el precio máximo de venta será de 1.548,80 euros el metro cuadrado.

Media ha insistido en la idea de que estas cifras son el referente de precio máximo, ya que los ayuntamientos o los promotores que quieran construir vivienda protegida pueden establecer el precio que ellos quieran, lo único que hará la Administración es fijar el precio máximo que permite la ley, pero por debajo se puede establecer el que se quiera siempre. «Si hay ayuntamientos que quieren construir a los precios que estaban establecidos hasta ahora lo pueden hacer sin ningún problema», ha precisado.

Como ejemplo de las dificultades para la construcción de VPO ha señalado que en los últimos años no se haya construido ni una sola vivienda pública desde el Gobierno de Cantabria o desde la mayoría de los ayuntamientos, únicamente el ayuntamiento de Santander ha sido capaz de ejecutar VPO, con la construcción de más de 1.200 en los últimos 15 años.

En cuanto a las rentas, Roberto Media, ha dicho que no se realizarán cambios con respecto al decreto anterior, ya que el importe anual seguirá siendo el 5% del precio máximo de venta en la fecha de formalización del contrato de arrendamiento. En la Zona A precio máximo de alquiler al mes será de 519,49 euros; la cantidad en la Zona B se fija en 483,35 euros y en 451,73 euros en la Zona C. Así, ha recordado que estos son los precios máximos, y que todos los inquilinos tienen acceso a todo tipo de ayudas al alquiler que ofrece la Dirección General de Vivienda.