Santander – 23.09.2023

El Consejo de Gobierno ha adoptado en su reunión de esta semana un acuerdo para defender la integridad, la viabilidad, la actividad y el empleo del Grupo Celsa en Cantabria y en España. La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, que ha liderado en primera persona la búsqueda de una solución para Celsa, ha trasladado el acuerdo al ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, por medio de una carta en la que pide al Gobierno de España que asuma las condiciones particulares establecidas por la Comunidad Autónoma con el fin de mantener intacto su carácter de empresa estratégica antes de que el Consejo de Ministros autorice el Plan de Reestructuración propuesto por los acreedores, que ya ha sido homologado por resolución judicial.

En su escrito, la presidenta recuerda al ministro que Celsa es la primera empresa en producción de materiales industriales de la región, con una facturación en 2022 de 857 millones de euros, lo que representa el 49% del sector metalúrgico de Cantabria, y con 1.145 puestos de trabajo, el 3,6% del empleo industrial, especialmente en sus filiales Global Steel Wire y Global Steel Products.

Una empresa que, además, ha invertido más de 467 millones de euros durante el periodo 2001-2022 y que el pasado año movió 1.895 toneladas, el equivalente a casi 80.000 camiones (más de 300 diarios), cifras que la convierten en el primer usuario del Puerto de Santander por volumen de mercancías.

El Gobierno cántabro considera que el Gobierno de España debe implicarse para que los nuevos socios aseguren el cumplimiento «estricto» de los compromisos asumidos en el Plan de Reestructuración, «de modo que se preserve e incremente el valor de la compañía, garantizando la viabilidad del Grupo Celsa, la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la continuidad de sus centros estratégicos de decisión en España, así como de los centros productivos en Cantabria y el resto de España».

Además, el Ejecutivo destaca su «importancia capital» también para el conjunto de España, donde da empleo a 4.410 personas en las plantas de Cataluña, País Vasco, Cantabria, Galicia, Asturias, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, y donde mantiene su centro de decisión, si bien cuenta con más de 120 centros de trabajo en 9 países europeos, en los que genera 9.600 empleos directos y 72.300 indirectos.

Y añade que, precisamente por su condición de empresa estratégica para España, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2022 una ayuda de 550 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

«En el contexto geopolítico actual, el Grupo Celsa es esencial en las cadenas de suministro de acero para un amplio espectro de sector industrial, es fundamental en el campo de la sostenibilidad y la economía circular, y tiene un peso específico significativo en la economía española. Por todo ello, se considera empresa estratégica para Europa y para España», señala el Gobierno de Cantabria.

Condiciones particulares

En el acuerdo aprobado, el Ejecutivo regional introduce una serie de condiciones particulares para preservar el carácter estratégico de Celsa. En primer lugar, reclama al Gobierno central que tome las medidas necesarias o autorizaciones preceptivas para garantizar el mantenimiento del centro principal de intereses, así como el domicilio fiscal y social del Grupo en España. Además, le insta a que impida «las modificaciones que supongan la desaparición, la disminución de actividad o volumen de negocio o cualquier otra forma de pérdida de valor de los centros de trabajo ubicados en Cantabria y en España».

Para garantizar la viabilidad, la integridad del Grupo Celsa y el mantenimiento del empleo actual, el Gobierno cántabro considera necesario que el Plan de Reestructuración incluya «compromisos específicos» en gestión del grupo, endeudamiento y política financiera, recursos humanos, inversiones productivas, transición ecológica y tecnología y sistemas, y que se verifique periódicamente para poder adoptar «medidas correctoras», si se produjeran «desviaciones significativas».

En cuanto al control accionarial, el Ejecutivo regional propone la existencia de un accionista o accionistas españoles de referencia con una participación que permita el ejercicio de facultades de control o derecho de veto, en su caso, sobre determinadas decisiones estratégicas societarias que afecten a modificaciones estructurales, transmisión o enajenación de activos productivos, reparto de dividendos, transmisión o enajenación directa o indirecta de acciones o participaciones de las sociedades del Grupo, y despidos objetivos individuales o colectivos basados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Finalmente, el Gobierno de Buruaga cree oportuna la creación de un Consejo de Administración, con presencia de consejeros independientes, que fomente la integración de todas las visiones estratégicas necesarias para preservar el valor del Grupo Celsa.