El Gobierno de Cantabria saca a información pública el nuevo decreto regulador de la justicia gratuita

Santander- 25.11.2021

La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria ha publicado hoy en el Boletín Oficial la resolución por la que se somete a información pública el proyecto de decreto de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad Autónoma, una norma que persigue garantizar el acceso a la justicia y que nadie se quede sin defensa jurídica por razones económicas.

Esta reforma se ha sometido en el último tiempo a la negociación con los profesionales implicados, los colegios profesionales de Abogados y Procuradores, con el fin de recabar sus consideraciones desde el inicio de la elaboración de la norma. A partir de ahora, se abrirá un proceso general de alegaciones por plazo de diez días hábiles para recabar más opiniones.

La consejera de Justicia, Paula Fernández Viaña, ha destacado la importancia del nuevo decreto para “asegurar el buen funcionamiento del sistema”, mediante una adecuada gestión, control, supervisión y abono de la justicia gratuita, así como impulsar “la dignificación del turno de oficio” que prestan los profesionales respecto a la situación actual, al incrementarse las cuantías una media de un 20 por ciento y la creación de nuevos módulos.

El sistema de asistencia jurídica gratuita está regulado en estos momentos por un decreto autonómico de 2008, que ahora se verá actualizado con las reformas habidas durante este tiempo, los nuevos baremos retributivos, y una mejora de la actual gestión de los expedientes, que se realizan a través de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

Así, por un lado, se establece que la gestión administrativa de los procedimientos se llevará a cabo a través de las aplica­ciones informáticas de los respectivos colegios profesionales y de la Consejería de Justicia, que conformarán el sistema informático de asistencia jurídica gratuita, siguiendo la senda iniciada en 2019 respecto al desarrollo de aplicaciones que gestionan esta prestación de manera integral.

Otro de los pilares que sustentan esta reforma es la actualización de los bases y módulos de compensación a los profesionales de la abogacía y de la procura, que busca atemperar la depreciación económica sufrida a lo largo de los últimos años, así como atender, en la medida de las disponibilidades presupuestarias actuales, a la mayor complejidad y dedicación que exige la evolución del ejercicio del derecho de defensa ante los tribunales. De esta manera, no solo se incrementan todos los importes, sino que se crean nuevos módulos ajustados a las distintas leyes procesales.

Por último, se regula la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, órgano compuesto por representantes de los colegios de Abogados y Procuradores y de la Administración autonómica, a quien corresponde resolver los expedientes presentados.

Cantabria destinó el último año 2,2 millones de euros a la gestión de la asistencia jurídica gratuita, una cifra algo inferior a la de anteriores ejercicios, principalmente, por la reducción de los procedimientos judiciales iniciados por el estado de alarma y la pandemia.

Además del turno de oficio, otros servicios prestados en el ámbito del servicio de justicia gratuita son la asistencia letrada al detenido y el de violencia de género.