Santander – 21.10.2022

El Gobierno de Cantabria introducirá en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) una nueva deducción para beneficiar a las rentas medias y bajas, con el objetivo de ampliar el escudo social y mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra en Ucrania. La nueva medida fiscal favorecerá a al menos 127.000 cántabros, que se ahorrarán 16,5 millones de euros, y tendrá carácter retroactivo, por lo que los ciudadanos notarán su impacto en la próxima declaración de la renta.

Así lo ha anunciado hoy la consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez, quien ha comparecido en rueda de prensa para explicar esta propuesta fiscal, que se incluirá en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, junto al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria de 2023, que se presentará próximamente para su tramitación en el Parlamento.

La medida se concretará en una nueva deducción de 100 euros para quienes perciban una retribución inferior a 30.000 euros (asalariados, pensionistas, autónomos…), y de 200 euros para aquellos contribuyentes que presenten la declaración de forma conjunta con una renta de hasta 40.000 euros, y se aplicará para el ejercicio en curso. Además, contempla otras deducciones sociales que llegan al 50%.

La titular de Hacienda ha calificado esta propuesta fiscal como “justa, progresiva y alineada con lo que este Gobierno ha venido defendiendo desde el inicio de la guerra: las medidas de apoyo han de estar dirigidas a las personas trabajadoras, familias y empresas que más se están viendo afectadas por las consecuencias económicas del conflicto bélico”.

En este sentido, ha subrayado que el objetivo es “ayudar a las personas que tienen más dificultades para afrontar el incremento de los precios”. “Aquellas rentas que cobran 50.000 o 60.000 euros, evidentemente también se ven afectadas por la subida de precios, pero entendemos que no precisan de la ayuda pública para mantener un nivel de bienestar aceptable y sobrellevar esta coyuntura que esperemos se normalice pronto”, ha apostillado.

Ana Belén Álvarez ha contrapuesto esta nueva deducción con la deflactación, una propuesta fiscal que considera “indiscriminada, regresiva y menos eficiente”, ya que beneficia al 100% de los contribuyentes, incluidos los de mayor poder adquisitivo, con un impacto mayor en quienes más ganan (‘efecto escalera’), lo que implica un mayor impacto presupuestario absorbido por las rentas más altas. Por el contrario, “la propuesta del Gobierno cántabro supondrá para las rentas medias-bajas un beneficio cuatro veces superior a si deflactásemos los tramos”.

Incremento de deducciones vigentes

La consejera también ha anunciado que la ‘Ley de acompañamiento’ incluirá medidas para incrementar de “manera notable” algunas de las deducciones autonómicas ya vigentes, sobre todo las de mayor carácter social. En concreto, prevé aumentar un 50% las cuantías máximas deducibles por acogimiento familiar de menores, gasto de guarderías, cuidado de familiares, nacimiento o adopción de hijos y familias monoparentales.

“Estas deducciones tienen actualmente un impacto aproximado de 1,8 millones de euros, beneficiando a un total de 15.323 contribuyentes. Con el incremento propuesto, el impacto se elevará hasta los 2,7 millones de euros”, ha señalado.

La consejera ha resaltado que la propuesta del Gobierno regional servirá para continuar ampliando el escudo social que supone la “amplia red de medidas sociales” puestas en marcha tanto por el Ejecutivo cántabro como por el Gobierno de España, con medidas como el incremento de la Renta Social Básica, las ayudas al sector primario e industrial, la ampliación del banco de recursos escolar y del bono social término, la revisión de los contratos de obra pública, el transporte gratuito, el tope al gas, la bonificación de los carburantes o la rebaja del IVA eléctrico, entre otras.

En este punto, ha manifestado que al impacto positivo que conlleva la propuesta fiscal presentada hoy, de salir adelante, habrá que sumar también la planteada por el Gobierno de España. “El aumento de la reducción por rendimientos del trabajo de 18.000 a 21.000 euros, beneficiará a unos 60.000 contribuyentes de Cantabria con un ahorro medio de unos 400 euros”, ha precisado.

Otros escenarios analizados

Durante su intervención ante los periodistas, la consejera de Economía y Hacienda ha puesto encima de la mesa otros planteamientos analizados por su departamento, como el impacto de deflactar los primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF -hasta 35.000 euros- en un 4,1% y, al mismo tiempo, bajar en medio punto el tipo impositivo del primer tramo, pasando del 9,5% actual al 9,0%.  

Según ha explicado, en ese caso los contribuyentes con una renta de entre 12.000 y 21.000 euros obtendrían un ahorro medio de 37 euros al año; quienes tengan entre 21.000 y 30.000 mil euros ahorrarían 61 euros, y aquellos que ingresan entre 30.000 y 60.000 euros duplicarían su ahorro hasta los 111 euros.  A partir de 60.000 euros, el ahorro se mantiene prácticamente fijo en torno a 115 euros.

Otra propuesta analizada por la Consejería de Economía y Hacienda ha sido la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF en un 10%. Con esta medida, las rentas entre 12.000 y 21.000 obtendrían un ahorro de 31 euros en su declaración de la renta, cantidad que aumentaría hasta los 91 euros para quienes tienen ingresos entre 21.000 y 30.000 euros; hasta los 211 euros para quienes cobran entre 30 y 60 mil; y en el caso de quienes ingresan más de 60.000 euros, los beneficios fiscales supondrían 550 euros.

“De aplicar la deflactación, el ahorro para las rentas superiores a los 60.000 euros sería casi 20 veces superior al de quienes tienen un sueldo por debajo de los 21.000 euros”, ha argumentado. Además, esa reforma tendría un impacto presupuestario en Cantabria de 25 millones de euros y prácticamente “tres de cada cuatro euros sería en beneficio de quienes cobran más de 30.000 euros, mientras que las rentas inferiores a 30.000 euros absorberían el resto, solo 1 de cada 4 euros”.

Resto de tributos

La consejera ha reiterado que el Gobierno no eliminará el impuesto a las ‘grandes fortunas’ –Impuesto de Patrimonio, pues “supondría beneficiar al 0,5% de los contribuyentes que tienen un patrimonio neto superior a un millón de euros y perjudicar al 99,5% restante, con una merma en la capacidad de inversión de más de 16 millones de euros”.

Por otro lado, se mantendrá la bonificación del 100% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los Grupos I y II, de la que se benefician descendientes, cónyuges, ascendientes y adoptantes. Y se congelarán el Impuesto de Transmisiones y de Actos Jurídicos Documentados, que “no se verán afectados ni al alza ni a la baja”.

Por último, la consejera ha anunciado la propuesta de prorrogar hasta finales de 2023 la bonificación de 49 tasas y tarifas de la que se benefician empresas del transporte por carretera, los servicios agronómicos, la industria agrícola forestal y pecuaria, la pesca marítima, así como el sector de la construcción y actividades industriales. Esta medida, aprobada en mayo y con vigencia hasta finales de este año, forma parte de un paquete de medidas por parte del Gobierno para aliviar la coyuntura inflacionista.

“Proponemos prorrogarla durante todo el año que viene, hasta el 31 de diciembre de 2023, en los mismos términos: bonificación del 100% en 47 tasas y del 50% en los dos restantes”, ha concluido la titular de Hacienda.