El Pleno del Ayuntamiento de Reinosa ha aprobado en sesión extraordinaria celebrada esta tarde la “supresión del servicio público de matadero municipal”. La medida, que ha contado con los votos afirmativos de toda la corporación municipal, viene precedida por un acuerdo plenario del pasado 8 de abril en el que se establecía la “resolución del contrato de gestión indirecta mediante concesión” de este servicio. Y es consecuencia de la “nefasta gestión” llevada a cabo por el actual concesionario Nuevo Matadero de Reinosa S.L., con “deudas a las arcas municipales que superan los 90.000 euros”. Deudas a las que se añadirían impagos, conocidos ahora, a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social; a esta última por valor de 390.000 euros y de los que “injustamente” debe hacerse cargo, de forma solidaria, el propio Ayuntamiento.
Desafectación
Por otro lado, y en la misma sesión, se ha aprobado por unanimidad la desafectación del matadero municipal, pasando a considerarse “como un bien patrimonial” y no un “bien de dominio público como hasta ahora”.
Esta nueva calificación permitirá “establecer nuevas vías que favorezcan la continuidad de la actividad del matadero y, en consecuencia, de los trabajadores actuales, pero evitando un perjuicio económico al Ayuntamiento por una gestión irresponsable”. Entre esas vías en estudio, está la de su alquiler.
“La principal motivación de este Ayuntamiento”, ha señalado el alcalde de Reinosa José Miguel Barrio, “ha sido siempre y será velar por el mantenimiento de los puestos de trabajo”. En este sentido”, remarcó, “haremos todo lo que esté en nuestra mano para favorecer su continuidad”.
Apoyo del Consejo de Estado
Los pasos que ha venido dando hasta hoy el Ayuntamiento de Reinosa han contado con el soporte del Consejo de Estado, que en un dictamen emitido al respecto, apuntó a “la incautación de la garantía prestada así como el abono al Ayuntamiento de Reinosa” por parte del adjudicatario, Nuevo Matadero S.L., “de una indemnización por daños y perjuicios causados en lo que exceda dicha garantía”.
La empresa adjudicataria debe a las arcas municipales el IBI desde 2015 a 2021, lo que supondría 66.872 euros; al IAE de los años 2019 y 2020 (más 13.636 euros), la tasa relativa a basura industrial (2.999 euros), o multas de tráfico por valor de 496 euros. A todo ello, se uniría el abono del canon anual, concepto del que se adeuda, incluidos recargos e intereses de demora, 10.133 euros. En total, la deuda total supondría 94.130 euros.