Santander- 29.04.2022

El Curso sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al que han asistido en Santander unos 300 profesionales de todo el país, ha concluido hoy con el objetivo de intercambiar experiencias en torno a la nueva realidad legislativa para consolidar el empleo en el sector público y realizar propuestas de mejora sobre la legislación para hacer frente a pandemias.

En las conclusiones de estas jornadas, organizadas por la Consejería de Justicia del Gobierno autonómico y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), se ha constatado que el poder legislativo “no ha otorgado un instrumento idóneo” para trabajar con seguridad jurídica en tiempos de pandemia y hacer frente a los próximos procesos de reducción de la temporalidad en el empleo público.

Por eso, han abogado en Santander por una reforma de la normativa vigente para una mejor protección de la salud pública y sobre la tutela de derechos en tiempos de pandemia. Del mismo modo, han planteado mejoras legislativas en el caso de la tutela de los principios que rigen la función pública en los próximos procesos de estabilización del empleo público en las administraciones.   

Ante esta problemática, han indicado que han sido las distintas administraciones públicas y el poder judicial las que han tratado de dar respuesta “con mejor o peor fortuna” a la demanda social de tutela de derechos y de protección de salud pública.

La XIX edición del Curso de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se ha retomado tras el periodo de pandemia con un éxito de participación, al reunir en en Santander a más de 300 profesionales entre jueces y magistrados, empleados públicos y docentes en el ámbito del Derecho Administrativo.

La clausura de las jornadas ha corrido a cargo de los directores del curso: la directora general del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, Ana García Barredo, y el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, Rafael Losada.