Políticas Sociales y el sector de la Dependencia y Discapacidad llegan a un acuerdo para favorecer la mejora salarial de los trabajadores

Santander-01.02.2022

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, y los representantes del sector de la Dependencia y Discapacidad que trabajan en Cantabria -las Federaciones de Mayores, FED y LARES; las entidades de Discapacidad, CERMI y Plena Inclusión, así como los agentes sociales CEOE-Cepyme, UGT y CC.OO-, han acordado esta mañana promover una iniciativa parlamentaria para “garantizar por ley” que las actualizaciones salariales que provengan de la negociación colectiva tengan su repercusión en el precio de las plazas concertadas que abona la Administración pública.

“Se trata de que los precios públicos de concertación no sean un freno a la mejora de las condiciones laborales de los y las trabajadoras de la dependencia y la discapacidad”, ha explicado la consejera tras la reunión en la que ha estado acompañada por la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), María Antonia Mora, y por el director general de Políticas Sociales, Julio Soto.

“Unas condiciones de trabajo dignas, con mejores salarios, son imprescindibles si queremos profesionalizar el sector de la dependencia, retener el talento y contar con una atención de calidad, centrada en la persona, como la que defendemos desde Cantabria”, ha sostenido Ana Belén Álvarez.

Álvarez ha dicho que es una “buena propuesta”, que “pretende servir de estímulo para que se alcance un acuerdo social para la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras que todos anhelamos; para profesionalizar el sector y con ello, para prestar una atención de la máxima calidad”.

“Queremos incentivar un acuerdo entre patronal y sindicatos para que se lleve a término un incremento de las retribuciones salariales de los y las trabajadoras”, de forma que esa subida salarial se repercuta, de forma equitativa, en el precio que abona la Administración y no suponga ni pérdida de puestos de trabajo ni de atención.

Además, la titular de Políticas Sociales ha apuntado que es una propuesta “de presente y de futuro”, ya que quedaría garantizado por ley para incrementos futuros.

Mejorar los salarios profesionales una preocupación compartida

Desde la Consejería se respalda “al mil por mil” la “preocupación compartida” por patronal y sindicatos del sector de la Dependencia de que hay que mejorar los salarios de los profesionales, que en Cantabria son entorno a los 5.000 empleados.

Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del sector, surge de las inquietudes que las diferentes entidades prestadoras de los servicios de atención a las personas dependientes o con discapacidad, así como los representantes de los trabajadores, vienen trasladado a la Consejería desde finales de 2021.

“Desde la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria no queremos ser un freno a las negociaciones entre patronal y sindicatos para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de la dependencia”, ha recalcado Ana Belén Álvarez. “Todo lo contrario, queremos estimular, incentivar que se alcance un acuerdo y que las trabajadoras vean incrementados sus salarios”, ha apostillado.

La propuesta

El objetivo es garantizar por Ley que la subida acordadas en negociación colectiva sectorial tenga que repercutirse en el precio de las plazas concertadas, en la ‘tarifa’ que abona la Administración pública –en el caso concreto de Cantabria, el ICASS- a la empresa prestadora del servicio, de forma que los precios públicos de concertación no sean un freno a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de la dependencia y la discapacidad.

Para ello, se debe modificar la Ley 2/2007, de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria, para introducir un artículo que “blinde” la subida de los precios públicos de acuerdo a la negociación colectiva, de tal modo que cuando se incrementen los salarios de las trabajadoras, obligatoriamente el Gobierno de Cantabria procederá a la correspondiente actualización de los precios públicos para adecuarse al nuevo coste real del servicio.

Una propuesta que ahora el Gobierno trasladará a los grupos parlamentarios, con el objetivo de que sea refrendada en la Mesa y se pueda tramitar de manera ágil como una proposición de ley y entrar en vigor en el menor tiempo posible

Por su parte, los representantes del sector de la Dependencia y Discapacidad, así como las organizaciones sindicales, han agradecido a la consejera y a su equipo su disposición para alcanzar este acuerdo que pretende mejorar las condiciones salariales de los y las trabajadoras.