Santander – 22.07.2022

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, ha asegurado que las empresas de la economía social “deben ser un instrumento fundamental y ser protagonistas en el sector de los cuidados de larga duración, con la creación de empleo de calidad y solidario”.

Ha recordado los principios que orientan la economía social: primero las personas y el fin social sobre el capital, con empresas que priorizan la toma de decisiones en función de las personas, con una gestión transparente, democrática y participativa, por eso, “qué mejor que ellas para ocuparse y preocuparse de esa parte de nuestra población que necesita de cuidados de larga duración”.

Eugenia Gómez de Diego ha hecho estas declaraciones durante la clausura del curso de verano de la Universidad de Cantabria (UC) ‘Economía social y cuidados de larga duración’ que se ha celebrado en Liencres, donde también ha participado el vicerrector de Cultura y Participación Social, Tomás Mantecón y el director general de Trabajo, Gustavo García.

Además de destacar la importancia del curso, que constituye un espacio de aprendizaje, reflexión y debate sobre la materia, ha recordado el peso específico que la economía social tiene en la actividad económica de Cantabria, donde genera más de 175 millones de euros cada año, lo que supone una aportación al PIB superior al 1,5%, y da empleo a cerca de 15.000 personas.

Igualmente se ha referido al apoyo que este sector de la economía recibe del Gobierno de Cantabria, en forma de ayudas que anualmente ascienden a más de 12 millones de euros, y la reciente constitución, en esta legislatura, del Consejo Cántabro de la Economía Social, el órgano máximo de promoción y difusión del cooperativismo y la economía solidaria, apoyando la creación de redes de colaboración.

Se ha referido también a los numerosos ejemplos de colaboración de este sector con la administración y su gran labor durante la pandemia, en la atención a las personas mayores, y en la creación de la residencia covid “que dio un respiro a muchos centros afectados gravemente por la enfermedad”.

Respecto a los cuidados de larga duración, Gómez de Diego ha explicado que el Gobierno regional ha centrado sus esfuerzos para avanzar en la atención de las personas mayores y con discapacidad; actualizando la normativa y los requisitos de los centros residenciales, “para caminar hacia un modelo centrado en las personal, con grupos reducidos donde nuestros mayores sientan realmente que están en su casa”.

Desde la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y gracias a los empleados públicos, se ha optimizado la gestión y los procesos de reconocimiento de grado de Dependencia, al tiempo que se ha garantizado la subida de los precios públicos de las plazas concertadas para mejorar las condiciones económicas de los empleados y empleadas del sector, ”porque la calidad de la atención pasa inevitablemente por unas condiciones laborales dignas”.

El curso

Con una duración de 15 horas, y bajo la dirección de la catedrática Marta Pascual, en este curso han participado 25 personas, en su mayor parte estudiantes, pero también profesionales de entidades y centros de atención a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia, y otras personas relacionadas con los cuidados de larga duración y con la economía social.

Forma parte de la programación de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria y han colaborado en su puesta en marcha la Dirección General de Trabajo y la Dirección General de Universidades, Investigación y Transferencia.

Su objetivo es analizar el modelo actual de cuidados a personas, el nuevo proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) de la economía social de los cuidados, así como explorar las posibilidades de la economía social para dotar al sistema de los recursos para hacer frente a nuevas necesidades sociales.

En España, al igual que en otros países, los cambios socioeconómicos y demográficos han supuesto importantes retos para el sistema de cuidados, entre ellos proveer de cuidados suficientes a los sectores de población más vulnerables.