Santander – 27.07.2022

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, han firmado el convenio que permitirá la ejecución del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, con una aportación de 27,4 millones de euros del Estado y de 8,2 millones por parte del Ejecutivo regional. Con la firma de este convenio se da luz verde al desarrollo de acciones que priorizarán, en el periodo 2022- 2025, el acceso a la vivienda de ciudadanos con menos recursos y en situaciones de vulnerabilidad.

La rúbrica de este texto, que ha tenido lugar en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es, según la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, la “gran apuesta”, junto con la rehabilitación y eficiencia energética, que va a impulsar el acceso a la vivienda, dinamizando “un sector importante de la economía como es el de la construcción y un parque de viviendas donde las personas puedan vivir mejor, con mayor calidad y más ahorro energético”.

De esta forma, Eugenia Gómez de Diego ha destacado el papel que juega el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 que contempla cuatro objetivos prioritarios: proteger a la población más vulnerable; ayudar a los que tiene más dificultades para acceder al mercado inmobiliario; la rehabilitación, tanto para mejorar la accesibilidad como la eficiencia energética; y la promoción de vivienda social.

Acceso a la vivienda de colectivos vulnerables

En concreto, este Plan tiene como objetivos a corto plazo facilitar el acceso a la vivienda o a soluciones habitacionales de los ciudadanos con menos recursos, víctimas de violencia de género, personas desahuciadas de su vivienda habitual o sin hogar. En general, colectivos vulnerables que se verán beneficiados mediante ayudas directas al alquiler y a los gastos de suministros y comunidad de hasta el 100%.

Otra de las prioridades que recoge este Plan es el acceso a la vivienda de los más jóvenes. Para ello, se otorgarán mayores ayudas al alquiler y a la adquisición de vivienda en municipios o núcleos de población de menos de 10.000 habitantes.

El texto persigue, además, fomentar la oferta de vivienda en alquiler con ayudas a los arrendadores para el pago de un seguro de protección de la renta arrendaticia.

Apuesta por el parque público

En general, según Eugenia Gómez de Diego, en este Plan, hay una “apuesta” por el acceso a la vivienda en alquiler y, para ello, se va a incrementar la oferta de vivienda en alquiler social mediante el impulso del parque público de vivienda, estableciendo ayudas a la adquisición de viviendas por parte de las Administraciones Públicas.

“También vamos a impulsar la oferta de vivienda en alquiler asequible para las personas mayores o con discapacidad, mediante ayudas a la promoción de viviendas con diseño, instalaciones y servicios que respondan a sus especiales circunstancias, ya sean de titularidad pública o privada, y ya sean de nueva edificación o procedentes de la rehabilitación de edificios preexistentes que se vayan a destinar durante un plazo determinado al alquiler asequible con rentas limitadas y para arrendatarios con ingresos limitados”, ha añadido.

Dentro de este Plan de Vivienda se contempla también impulsar la oferta de viviendas en alquiler de diferentes modalidades residenciales, en forma de proyectos pilotos por su novedad. “Modalidades residenciales tipo ‘cohousing’, de viviendas intergeneracionales y otras similares que no tienen tradición en nuestro país, pero si en otros europeos y que son posibles soluciones que se pueden explorar y también seguir impulsando la puesta a disposición de viviendas de la SAREB y de entidades públicas a las Comunidades Autónomas y entidades locales para que sean destinadas a dicho alquiler social o alquiler asequible”, ha explicado la consejera de Políticas Sociales.

Por último, Eugenia Gómez de Diego ha recordado otra de las prioridades en materia de Vivienda: la mejora de la accesibilidad. Para ello, se impulsará la regeneración y renovación urbana y rural de zonas degradadas “y ámbitos en los que todavía impera el chabolismo y la infravivienda”, ha asegurado la titular de Políticas Sociales, al tiempo que ha reconocido la complejidad de la gestión del pago de las ayudas, especialmente las relacionadas con la accesibilidad y rehabilitación, a las cuales se les dará prioridad.