Santander -09.12.2022

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto por el que se regula una subvención de concesión directa de 1,6 millones de euros, a 183 centros de atención a la dependencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria con estancias concertadas, vinculada al incremento del coste de la energía y de los suministros a consecuencia de los efectos económica de la Guerra de Ucrania.

Esta ayuda se suma a la actualización de los precios públicos de las prestaciones y servicios del ICASS para atención a personas en situación de dependencia que se ha aprobado recientemente. Una medida que garantiza la mejora de las condiciones laborales de las más de 6.000 empleadas y empleados que trabajan en este sector en Cantabria.

Según ha explicado la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, es importante “garantizar el mantenimiento de la plantilla y la calidad en la atención de nuestros mayores en las estancias concertadas” reduciendo, con medidas directas, los efectos negativos que el incremento de costes ha tenido en estos establecimientos donde viven muchas personas, mayores y con discapacidad.

“Debemos fortalecer el sistema de cuidados” y, por eso, ha recordado la consejera, “hace pocos días hemos aumentado el precio que el Gobierno paga por la plaza concertada y añadimos, ahora, esta inyección presupuestaria de 1.600.000 euros”.

Ha señalado que los Servicios Sociales son el cuarto pilar del Estado de Bienestar y es obligación de las administraciones garantizar el acceso a ellos de todos los ciudadanos. “Se trata de una política prioritaria porque es un sector esencial para muchas personas vulnerables, para muchas familias de Cantabria”, ha recalcado.

Un crédito extraordinario para la Dependencia

La orden que se publicará hoy en un Boletín Extraordinario recoge ayudas directas a cada uno de estos centros, calculadas conforme a una fórmula matemática, que pondera el peso e intensidad que tienen los gastos no atribuibles a personal en cada una de las tipologías de los centros de atención a la dependencia y de las necesidades de las personas atendidas en dichos centros. Se valora el número de días por año en que se prestan los servicios, el número medio de personas usuarias y la intensidad de la atención.

Son medidas para ayudar a reducir los efectos negativos que durante este año ha tenido el aumento del coste de la energía y son una muestra clara del compromiso del Ejecutivo regional con el sector de la atención a la dependencia.

El objetivo es paliar las consecuencias que la crisis inflacionaria tiene en la facturación de los centros de atención a la dependencia con estancias concertadas, garantizando el sostenimiento financiero de las entidades gestoras de la atención residencial y, de este modo, promover la continuidad de prestación de este servicio a las personas usuarias.

Se subvenciona con estas ayudas, que cada entidad debe solicitar en un plazo de 10 días, el mantenimiento de los centros y de su plantilla, garantizando la continuidad de un servicio de calidad y una atención a nuestros mayores que cada día requieren de cuidados más especializados, consecuencia, en parte, de nuestra alta esperanza de vida.

Una prioridad del Ejecutivo

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, ha explicado que Cantabria es la única Comunidad Autónoma que recoge por ley la actualización de los precios públicos acorde con las actualizaciones salariales previstas en los convenios colectivos.

Con unos presupuestos para 2023 que tienen “una mirada especial” a las políticas de atención a la autonomía personal y a la dependencia, con 96 millones que van para las estancias concertadas, que se destinan a los usuarios y a apoyar a más de 6.000 personas que trabajan en el sector en Cantabria con una mejora de sus condiciones laborales.

Una partida que se incrementa un 13% para seguir ampliando las plazas concertadas, poder asumir los incrementos salariales de las trabajadoras del sector y mejorar la ratio de las profesionales en los centros de atención y residencias.

La legislatura se inició con cerca de 6.700 plazas concertadas en residencias y centros de día, hoy son 7.990 y la previsión es superar las 8.000 en 2023.

Ha explicado que “seguimos trabajando y reduciendo la lista de espera de plazas residenciales de mayores, que en enero de 2021 era de 189 personas y a 31 de diciembre de ese mismo año estaba en 119”.

También se ha reducido el tiempo medio de las resoluciones. Así, durante 2021 el tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución de grado se ha reducido en un 28,7%, pasando a 57 días. Asimismo, el tiempo medio desde la resolución de grado hasta la resolución de Plan Individual de Atención (PIA) ha disminuido un 31,8%, pasando a 43 días.

En definitiva, el tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución de PIA ha disminuido un 35,2% pasando a 110 días, dos meses inferiores al límite establecido por la Ley y 8 meses inferior a la media nacional (364 días).