Eugenia Gómez de Diego, que ha estado acompañada por el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, y por la directora del ICASS, María Antonia Mora, ha subrayado que «el diálogo, la participación y el consenso» han sido los protagonistas en esta legislatura, «muy dura y complicada, atravesada por una pandemia que es imposible olvidar» durante la cual se han producido cambios para «prestar una atención más personalizada a nuestros dependientes y mejorar las condiciones de las trabajadoras del sector aunque » queda camino por delante».

Para el Ejecutivo, ha recalcado, «la persona en situación de dependencia o discapacidad es siempre la prioridad» y los datos avalan esta afirmación, esta apuesta por mejorar la garantía de una atención de calidad por la que «se está haciendo un esfuerzo inversor histórico y una labor de diálogo y colaboración que creemos está dando sus frutos».

En esa línea de apoyo total al sector, se añade la autorización de un suplemento de crédito a los Presupuestos Generales de Cantabria para el 2022 por importe de 1.600.000 euros, para atender el incremento del gasto presupuestario ocasionado por la Guerra de Ucrania, en el sector de las estancias concertadas del ICASS, que introdujimos en mejora del precio, por lo tanto, es un incremento que no es una ayuda puntual, sino que lo hemos consolidado.

Diálogo para elaborar la actual normativa

La consejera ha recordado que la vigente Orden de marzo de 2021 es fruto de un largo proceso de diálogo con el sector. Un texto que ha promovido una organización con mayor autonomía en la gestión y funcionamiento de los centros y garantiza la participación de las entidades del sector en la aplicación de los cambios y mejoras que necesita el sistema.

Esta Orden se modifica ahora para mejorar la calidad en la atención, mejorando la ratio de profesionales de atención directa e indirecta, y para avanzar en la progresiva adaptación del texto normativo a los criterios comunes que ha aprobado el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD en el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios.

Los cambios, ha explicado la consejera, no han afectado a la filosofía de la Orden que ya caminaba hacia un sistema que prioriza la atención individualizada y adaptable a cada persona usuaria, aspectos muchos de ellos ya presentes en el texto autonómico.

Nueve millones para mejorar la ratio profesional usuario

Por lo que respecta a la mejora de las ratios, los cambios principales que incluye esta modificación se refieren al incremento de las ratios de personal o de la intensidad de atención de los trabajadores de atención directa e indirecta en los centros residenciales de atención a personas en situación de dependencia y/o discapacidad.

También se busca dar mayor objetividad a la documentación de carácter económico que han de presentar anualmente las entidades a la Dirección General de Políticas Sociales y corregir errores que se han detectado en el texto de la Orden.

Un cambio normativo «que no sería una realidad si no fuera acompañado de la oportuna financiación de las medidas introducidas y para ello inyectamos estos 9 millones de euros destinados a mejorar la ratio profesional-usuario».

En línea con el objetivo de mejorar la calidad, también previsto en el Plan de Choque nacional, ha señalado Eugenia Gómez, los dos hitos relevantes que ponen de manifiesto la importancia del trabajo colaborativo que ha realizado su departamento: por un lado el compromiso de la actualización de los precios públicos de las plazas en los centros del SAAD cuando haya actualizaciones de los salarios de los trabajadores en los convenios colectivos estatales, que se logró con la modificación de la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria. «Una medida que apuesta por la mejora de las condiciones de los trabajadores, entorno a los 6.000 en Cantabria, al tiempo que asegura la viabilidad de las entidades del sector» y que ha supuesto una inversión extra consolidada en plazas concertadas de 4.420.000 euros más al año.

Y de otro lado, la Orden /6/2021 de requisitos y acreditación de centros de marzo de 2021 que ahora se modifica, incluye un mecanismo de participación de las entidades prestadoras de servicios y las organizaciones sindicales más representativas que colaboran con la Administración, lo que ha permitido la creación de dos grupos de seguimiento de la propia norma que se centran en estudiar las ratios de profesionales más adecuadas a cada tipo de centro y el desarrollo de los protocolos de intervención que contempla la Orden.

Es justamente el trabajo de colaboración realizado por el grupo de ratios el que ha conducido a las dos normas que se han presentado hoy de precios y ratios del sector. Un trabajo que se refleja en unos muy buenos datos del sector, en mejoras para los trabajadores y trabajadoras, desde el punto de vista económico y laboral, y en una mayor calidad en la atención a los usuarios.

Más fondos del Gobierno Central y aprender de la pandemia

Gómez de Diego se ha referido también a la importancia que ha tenido para el sector el Plan de Choque de la Dependencia 2021-23 del Gobierno Central aprobado en 2021, y el aprendizaje de la experiencia con la pandemia de la covid-19 que puso de manifiesto la necesidad de modificar las actuales ratios de los centros, que empezará a aplicarse de inmediato en Cantabria.

El plan de Choque del Gobierno Central permitió aumentar los fondos destinados a reducción de las listas de espera y tiempos de tramitación de las solicitudes; mejorar las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el SAAD e introducir mejoras en los servicios y prestaciones.

Eugenia Gómez ha insistido en que «para nosotros el centro del sistema tiene que ser la persona usuaria. Es siempre la prioridad» y ha agradecido «el talante propositivo de todos las entidades y agentes que estamos trabajando en mejorar el sistema de cuidados de nuestra Región».