El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reiterado al apoyo sin precedentes a la educación, con un incremento presupuestario del 26 por ciento, que la ha convertido en «la mejor de España» como indican diferentes ratios comparativos. 

Revilla y la consejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó, han inaugurado hoy el I Encuentro PROA+ de Cantabria y han destacado la eficacia de este programa para «igualar las oportunidades sociales y territoriales». 

En este sentido, han anunciado que Cantabria va a solicitar al Ministerio de Educación la permanencia de este programa más allá del curso 2023-2024 para que sea «un programa estable, duradero y una constante en todos los cursos educativos». 

El Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa PROA+), que desarrolla durante los cursos escolares 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024, responde a la necesidad de mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros sostenidos con fondos públicos en los que se concentre un porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa.

Tanto el presidente como la consejera han puesto en valor la apuesta del Gobierno de Cantabria por implementar medidas que traten corregir las situaciones de desequilibrios entre personas y territorios. 

En este sentido, la consejera de Educación ha subrayado el papel de los fondos europeos, que junto con los fondos propios que Cantabria viene destinado desde 2004 al Programa de Refuerzo Educativo Complementario (PREC), han permitido que hoy Cantabria destine «la mayor cuantía de su historia al refuerzo educativo». 

Durante los tres cursos de vigencia del PROA+, los 72 centros participantes cuentan con 7 millones para la atención del alumnado más vulnerable, mientras que el PREC dispone ya este año de una inversión que supera el millón cien mil euros. 

PROA+ tiene como destinatarios los Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con fondos públicos que cuenten con, al menos, un 30% de alumnado educativamente vulnerable en un sentido global, así como centros rurales y/o insulares, ubicados en zonas deprimidas o con gran dispersión de la población. 

Se entiende por alumnado vulnerable en un sentido amplio aquel que presente alguna de las circunstancias que se describen a continuación: necesidades asistenciales (alimentación, vivienda y suministros básicos, etc.), escolares (clima familiar propicio, brecha digital, material escolar, etc.), necesidades socioeducativas (actividades complementarias, extraescolares, etc.), necesidades educativas especiales, altas capacidades, dificultades específicas de aprendizaje, incorporación tardía en el sistema educativo, dificultades para el aprendizaje por necesidades no cubiertas. Todas ellas barreras que condicionan, potencial o efectivamente, las posibilidades de éxito educativo del alumnado.