El Gobierno cántabro subirá las cuantías que perciben abogados y procuradores del turno de oficio hasta situarlos dentro de la media española tras la aprobación por el Consejo de Gobierno del nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita.

El Ejecutivo destinará, así, 500.000 euros más a estos servicios, hasta alcanzar los 3 millones de euros anuales, de los que 2,5 millones son para abogados, 244.000 para los procuradores y otros 220.000 con destino a financiar las pruebas periciales.

Asimismo, este nuevo reglamento refuerza el acceso a la justicia gratuita, al introducirse nuevos mecanismos de gestión administrativa y módulos retributivos más concretos, en función de la correspondiente intervención judicial, lo que agiliza posteriormente la tramitación de los expedientes de los beneficiarios.

Respecto a las cuantías de las retribuciones, crecen de media casi un 20 por ciento, con respecto a 2019, año de la última actualización del turno de oficio, si bien el pasado año, el Ejecutivo regional subió de forma transitoria un 7,8 por ciento las partidas de justicia gratuita para los colegios profesionales de abogados y procuradores ante la imposibilidad de aprobar en ese ejercicio el nuevo decreto debido a la falta de los últimos informes preceptivos.

El incremento de los módulos y las bases de compensación económica que se establecen en el nuevo decreto tendrán efecto retroactivo al 1 de enero de 2023 para los profesionales que ejercen el turno de oficio.

El decreto regula, además, el régimen de funcionamiento y deliberación de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, encargada de valorar las solicitudes. Asimismo, mejora la gestión administrativa de los expedientes de justicia gratuita, iniciados en los servicios de orientación jurídica del Colegio de la Abogacía de Cantabria y su posterior valoración por parte de la Comisión para el reconocimiento de los beneficiarios.

Para la elaboración de la norma, el Ejecutivo ha tenido en cuenta las propuestas de los colegios profesionales durante el proceso de información pública del reglamento y el estudio comparativo con respecto a otras comunidades autónomas.

La Consejería de Presidencia y Justicia finaliza, así, la tramitación administrativa de este reglamento, tras casi dos años, un procedimiento que se ha visto retrasado por la pandemia y la imposibilidad de aprobar la norma debido a la falta de los últimos informes preceptivos de diversos órganos estatales, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

Nuevos incrementos en los baremos

El Gobierno cántabro formará un grupo de trabajo con los colegios profesionales de Abogados y Procuradores para mejorar el funcionamiento de la Comisión de Justicia Gratuita, en la que ambos están representados, y se iniciará un trabajo conjunto para seguir mejorando los baremos del turno de oficio.

Desde que Cantabria asumió la competencia de justicia en 2008 se han realizado sucesivas actualizaciones de los módulos que perciben abogados y procuradores. Así, en 2008 se incrementó un 10 por ciento a los abogados. Posteriormente, en 2016 se incrementó un 17 por ciento a los procuradores y un 7 por ciento a los abogados. En 2019, se incrementó a ambos otro 0,6 por ciento. Y, finalmente, en 2022 se aplicó, debido a la inflación, un incremento del 7,8 por ciento.

Entre otras prestaciones, los servicios de justicia gratuita implican el asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso; la asistencia de abogado al detenido, preso o imputado; defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial; inserción gratuita de anuncios o edictos; exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos, asistencia pericial gratuita, obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales y reducción de los derechos arancelarios, en su caso.