En total, los fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación y Resiliencia que ha recibido Cantabria desde el pasado año ascienden a casi 7 millones de euros.

La Conferencia Sectorial de Justicia, en la que ha participado la consejera cántabra, Paula Fernández, por videoconferencia, ha aprobado la nueva distribución de estos fondos entre las comunidades autónomas con competencias en la materia, una reunión que ha servicio también para hacer balance de la ejecución de los diferentes proyectos financiados por Europa, dentro del Plan de Recuperación para los ejercicios 2022 y 2023.

Fernández Viaña ha informado que la Consejería de Justicia ha ejecutado o está en proceso de licitación de distintos proyectos de modernización de la justicia regional por valor de 3.290.000 euros, lo que supone el 47 por ciento de los fondos recibidos. El resto de iniciativas en el ámbito de la Administración de Justicia, por valor de 3,7 millones (el 53 por ciento) están pendientes actualmente de definición.

La consejera ha informado que estos fondos se destinarán al desarrollo de los procedimientos judiciales electrónicos y a la digitalización, con el objetivo de que, a finales de 2025, el 70 por ciento de los órganos judiciales dispongan de las infraestructuras necesarias para celebrar el 30 por ciento de los trámites judiciales de forma telemática.

Recientemente, el Gobierno cántabro ha aprobado sendos contratos encaminados a la reforma estructural en el servicio público de justicia; en concreto, para la digitalización de los libros de Registros Civiles de la Comunidad Autónoma de Cantabria y para la adquisición de equipamiento electrónico con un presupuesto de 786.028 euros y 1,2 millones, respectivamente.

Huelga LAJ, 71.000 documentos judiciales pendientes

Por otro lado, la consejera de Justicia ha transmitido al Ministerio de Justicia la preocupación del Gobierno cántabro por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que ya ha superado las seis semanas, y ha emplazado a resolver el conflicto que está provocando un «grave daño» a un servicio público esencial para la ciudadanía. Igualmente, ha demandado más fondos para recuperar la actividad ordinaria «cuanto antes».

Fernández Viaña ha informado que en Cantabria están pendientes de tramitar cerca de 71.000 escritos y documentos judiciales, a lo que se añade la suspensión de más de 1.300 actuaciones. «Posiblemente la situación no se recupere en mucho tiempo, pero desde Cantabria instamos al Ministerio a retomar las reuniones presenciales con el comité de huelga para poner fin al conflicto y, al mismo tiempo, analizar la viabilidad de más medios económicos para agilizar al máximo la recuperación de la actividad judicial», ha declarado la consejera de Justicia.

Sobre este último asunto, ha recordado que, si se plantean planes de refuerzo o ampliaciones de jornada como medidas, los gobiernos autonómicos «son los que tienen que pagar la factura», al margen de la negociación de otros ámbitos.

Por otro lado, durante la Conferencia Sectorial de Justicia entre el Ministerio y las autonomías con competencias se ha abordado la entrada en funcionamiento de las nuevas unidades judiciales. En Cantabria, se creó una plaza de magistrado de la Audiencia Provincial, cuya cobertura se materializará durante el mes de marzo.

Por último, durante la reunión Ministerio y comunidades han aprobado un modelo de diseño de edificios sostenibles, que reúne un catálogo de necesidades y requisitos a las que deben de adecuarse las instalaciones judiciales como las salas de vista, despachos, decanatos, las sedes de los institutos de medicina legal, entre otros.