La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha clausurado hoy el XX Curso sobre la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que ha abordado la actividad normativa, las cuestiones prejudiciales y los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal DE Justicia de la UE.
Fernández Viaña ha destacado en su intervención el éxito de esta edición y la importancia de reunir en este tipo de encuentros a representantes y miembros de todos los colectivos que intervienen en la Administración de Justicia, además de personal docente, que deben de trabajar en la solución de muchas de las cuestiones y controversias que surgen.
En este sentido, ha señalado que la regulación sanitaria fruto de la pandemia puso «a prueba» el sistema, y ha abogado por impulsar las reformas necesarias para «avisar» de situaciones de inseguridad jurídica que motivan «pleitos y problemas innecesarios para la ciudadanía».
Entre otras cuestiones, ha citado la necesidad de clarificar la jurisdicción competente en los actos preparatorios de los procesos selectivos de acceso al empleo público de personal laboral y la determinación de los supuestos concretos de eficacia de actos en vía administrativa con la interposición de recursos.
«La protección de los intereses y pretensiones de los particulares (…) es compatible con la defensa de los intereses de la administración pública y expresión también de su buen funcionamiento», ha dicho la consejera, quien ha añadido que el objetivo de estas reformas «no es otro que preservar el equilibrio» y conseguir «la protección de los derechos ciudadanos y una administración más garante».
En la clausura también han intervenido los directores del curso, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Rafael Losada, y la directora del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, Ana García Barredo.
Desarrollado en el Paraninfo de La Magdalena, este curso está organizado por el Gobierno regional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
