Santander- 23.12.2023

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, y la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, Cristina Montes, se han reunido con el comité permanente de directores de Secundaria en los que se imparten enseñanzas de Formación Profesional para anunciarles que la Consejería va a eximirles de cualquier carga burocrática sobrevenida de la obligatoriedad de cotización por parte de los alumnos que realizan prácticas en empresas.

Cristina Montes ha explicado que será la propia Dirección General y CEOE-CEPYME, mediante acuerdo de colaboración, quienes se hará cargo de esta situación, a pesar de que «tras la primera reunión técnica con la Tesorería General del Estado, mantenida el 21 de diciembre, 14 comunidades pudimos comprobar que sigue habiendo una considerable ausencia de criterios técnicos y seguimos solicitando una moratoria».

En el caso de los centros concertados, estos podrán gestionarlo directamente con CEOE a través de ese acuerdo de colaboración con la Consejería.

Tanto el consejero como la directora general han transmitido tranquilidad a los equipos directivos de los centros educativos, a los que desde la Consejería de Educación se ha estado informando detalladamente a lo largo de las últimas semanas mediante cartas y reuniones informativas con tutores de prácticas. «No vamos a dejar que sean las empresas o los centros, los que se hagan cargo de esta situación, porque podría colapsar el sistema», ha explicado Silva.

Además, ha recordado que, tras esa primera reunión técnica entre la secretaría general de Formación Profesional del Ministerio, los directores provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y los directores generales de FP de las comunidades autónomas, no han quedado claros todos los mecanismos jurídicos ni de gestión que supone esta medida, que entrará en vigor el próximo 1 de enero.

Los miembros del comité permanente de directores también han mostrado su preocupación y han planteado numerosas dudas relacionadas con las diferentes casuísticas de la Formación Profesional en Cantabria, en la que hay alumnos protegidos por mutualidades, con prestaciones contributivas de incapacidad permanente, o alumnos sin NIE, entre otras situaciones.

«Recordemos que se trata de estudiantes y no de trabajadores; son estudiantes que tienen la obligatoriedad de realizar estas prácticas para poder titular, que ya están cubiertos por el seguro escolar ante posibles accidentes».

Tal y como ha explicado Cristina Montes, «a pesar de nuestra preocupación, vamos a hacer frente a este trabajo administrativo, con las tareas de altas y bajas en la Seguridad Social de los cerca de 7.000 estudiantes de FP que realizan prácticas en Cantabria, y asumiendo el coste que supondrá esta medida, que alcanzaría los 300.000 euros anuales en función del número de alumnos que cursen prácticas en empresas».

Además de transmitir en primera persona su preocupación a los directores, el consejero ha destacado el descontento general por parte de los propios centros educativos, universidades, empresas y gobiernos autonómicos, con la forma de poner en marcha esta medida, «y no por el hecho de que los alumnos coticen, sino por la inconsistencia y poca viabilidad del sistema adoptado por el Gobierno central».