La consejera de Justicia considera este acuerdo «fundamental» para adoptar conjuntamente medidas urgentes y revertir la situación actual de deterioro
Santander – 24.11.2023
El Gobierno regional ha convocado para el próximo lunes, 27 de noviembre, a todos los sectores profesionales vinculados a la Administración de Justicia para iniciar las conversaciones tendentes a alcanzar un Pacto para la Justicia en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La reunión se celebrará en la sede del Gobierno regional en Peña Herbosa, a partir de las 9:00 horas, e incluirá la exposición del contenido y las líneas maestras del Pacto para la Justicia por parte de la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia. También, se abordarán las propuestas de actuación y coordinación entre los diferentes colectivos, instituciones y sectores profesionales convocados.
A la misma están citados representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), encabezados por su presidente, José Luis López del Moral; la secretaria de Gobierno del TSJC, María Socorro García Melón; la fiscal Superior, Pilar Jiménez; los decanos de los colegios profesionales de Abogados y de Procuradores, Andrés de Diego y Rosaura Díez, respectivamente, junto a representantes de los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT.
La consejera de Justicia, Isabel Urrutia, ha señalado que este Pacto es uno de los principales objetivos de su departamento y lo ha considerado «fundamental» para adoptar de forma conjunta «medidas urgentes y revertir la situación actual de deterioro de la Administración de Justicia en Cantabria».
Igualmente, Urrutia ha destacado la relevancia de la apertura de estas conversaciones ante las próximas reformas pendientes en la Administración de Justicia de todo el país, una vez se aprueben las leyes nacionales de eficiencia organizativa, procesal y digital, que posteriormente serán adoptadas e implementadas a nivel autonómico.
El Pacto para la Justicia supondrá, en palabras de la consejera, ofrecer «un nuevo impulso a los mecanismos de cooperación» entre todas las administraciones para articular políticas judiciales que den respuesta a todas las necesidades para una justicia regional «más ágil y con mejores medios».
