Santander- 02.01.2024

El Gobierno de Cantabria garantiza la aprobación durante el año 2024 del nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita, que tendrá efectos económicos desde el 1 de enero.

Así lo ha transmitido la titular de esta área, Isabel Urrutia, a los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores de Cantabria, Andrés de Diego y Rosaura Díez, respectivamente, en una reunión celebrada en la sede de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, y en la que también ha participado el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Sáez.

Las instituciones colegiales comparten con el Ejecutivo cántabro “la buena marcha y sintonía” que han presidido las reuniones de los grupos de trabajo, integrados por representantes de las tres partes, y que se han venido desarrollando durante el mes de diciembre, que culminarán con la elaboración del texto normativo definitivo que incluirá las modificaciones consensuadas.

El texto normativo incorporará novedades dirigidas a facilitar la tramitación de los procedimientos, tanto para los colegiados como para los colegios, a la flexibilización de los plazos para el cumplimiento de obligaciones formales, a la ampliación de los supuestos de compensación económica a los colegios de los gastos en que se incurran en determinados supuestos o a la aclaración del sistema de abono en los casos de sucesión de profesionales en un mismo procedimiento judicial, entre otros variados aspectos.

Urrutia ha destacado como elemento fundamental a la hora de abordar la Justicia Gratuita el acuerdo entre todos los profesionales del ámbito jurídico- de la mano de los colegios profesionales- para fijar las medidas necesarias que mejoren la justicia y que garanticen el “proceso de modernización de nuestra Administración”.

Ha asegurado que también se han examinado en los grupos algunas de las peticiones y reivindicaciones que “no pueden ser directamente atendidas por la Comunidad Autónoma por exceder del ámbito de sus competencias”, pero que asume el Gobierno como propias y se ha comprometido a trasladarlas a los órganos competentes del Estado, como es el caso de la dignificación y mejora de los lugares donde se presta atención al detenido, dependientes del Ministerio de Interior, Guardia Civil o Policía Nacional. En este mismo ámbito, la titular de Justicia sí que ha asegurado que se atenderá a la adecuación de las instalaciones en el complejo judicial de Las Salesas, propiedad del Gobierno de Cantabria, dentro del marco del Pacto por la Justicia.

Por lo que respecta a otras demandas de los profesionales que han aflorado en los grupos de trabajo, como la ampliación del contenido material del derecho a la asistencia gratuita o la preceptividad de la solicitud del interesado para la concesión de este derecho, y que también exceden del ámbito competencial autonómico el Gobierno de Cantabria se ha mostrado  dispuesto a instar al Ministerio de Justicia a convocar la reunión del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, que tiene entre sus funciones la de elaborar propuestas normativas de mejora de la prestación de la asistencia jurídica gratuita, acometiendo la necesaria actualización de la Ley Estatal 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Revisión y actualización de los baremos y módulos económicos

Asimismo, durante el mes de enero se van a celebrar reuniones para la revisión y actualización de los baremos y los módulos económicos, al objeto de analizar las reivindicaciones económicas de los colectivos profesionales y dignificar y adecuarlos “siempre dentro de la disponibilidad presupuestaria con las que cuenta el Gobierno de Cantabria”, ha precisado la consejera.

Según ha señalado Isabel Urrutia, tras la “sintonía y consenso conseguido en lo relativo a la regulación normativa del decreto, ahora llega el momento de acometer la última fase, que pasa por la actualización de los baremos y las tarifas que reconozcan la actuación esencial que realizan estos profesionales”.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Cantabria ha asegurado que después de consensuar el texto normativo del decreto se avanzará en el contenido de los baremos o módulos de cada uno de los procedimientos y sus incrementos. Tanto Andrés de Diego como Rosaura Díez ha coincidido en manifestar la “buena sintonía” entre las instituciones colegiales y la Consejería de Justicia, así como la “predisposición” de la consejera para dignificar el trabajo de estos profesionales.

Además, este nuevo decreto incorporará un modelo específico de turno de oficio para personas con discapacidad con el objetivo de garantizar su acceso a la justicia como derecho fundamental. La consejera de Justicia ha resaltado su satisfacción al lograr el acuerdo de todos los operadores jurídicos implicados para aceptar esta propuesta, en la que contarán con el apoyo del CERMI Cantabria.

Del total de los 1.201 abogados colegiados en nuestra Comunidad Autónoma un total de 553 están adscritos al turno de oficio, mientras que 154 procuradores desempeñan su labor profesional para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas más desfavorecidas. Desde el turno de oficio se actúa en servicio de asistencia al detenido, en materia de violencia de género y en el turno de extranjería.