Santander – 21.05.2022

El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha un total de 70 medidas para hacer frente del despoblamiento rural durante el pasado año, que han implicado la inversión autonómica de más de 182,1 millones de euros en los 39 municipios cántabros en riesgo.

Entre las medidas, destacan la aprobación de la Estrategia regional, la delimitación de los municipios en riesgo, los avances del Plan Conecta de extensión de la banda ancha, las ayudas al sector primario, el plan de inversiones municipales de obra pública, la implantación de cajeros, la oferta de plazas y acciones en las escuelas rurales y el sistema de dispensación de medicamentos en las farmacias rurales.

La consejera Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha hecho balance del informe de actividades del Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria, aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno y que se ha enviado también al Parlamento.

Pese a ser un fenómeno “muy complicado” de revertir, Fernández Viaña ha valorado el alcance de las medidas adoptadas y el volumen de inversión en el mundo rural durante el último año, lo que demuestra, en su opinión que la lucha contra la despoblación se sitúa “en el centro de la agenda política del Gobierno de Cantabria”, que tiene “el firme convencimiento de la importancia del desarrollo de nuestros pueblos en la consecución de un futuro sostenible”.

De hecho, ha recordado que el último informe del ICANE constata un aumento del 0,63 por ciento en la densidad de población de 22 de los 39 municipios en riesgo y un estancamiento en los 17 restantes.

Con este balance sobre la mesa del Consejo Asesor, la consejera de Presidencia ha resaltado el trabajo y esfuerzo de “todos los agentes y colectivos implicados”, entre los que ha citado a las propias consejerías del Ejecutivo regional, la Federación de Municipios, grupos de acción local, Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), Delegación del Gobierno y Universidad de Cantabria.

Entre los próximos retos, la consejera de Presidencia ha puesto el foco en la próxima ley autonómica sobre el reto demográfico que el Gobierno quiere elaborar en la presente legislatura y que pretende articular los mecanismos necesarios que permitan revertir las dinámicas de despoblamiento rural, potenciar la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

Igualmente, Fernández Viaña se ha mostrado satisfecha por el alcance de los encuentros que la delegación cántabra de alcaldes de 24 municipios de Cantabria mantuvo a comienzos de mes con representantes de las instituciones europeas en Bruselas. Los fondos de recuperación, ha señalado, son una “oportunidad extraordinaria” que Cantabria “tiene que aprovechar” para proyectos estratégicos en el mundo rural y hacer frente, con ello, al despoblamiento.

Medidas implantadas en el territorio

En el informe anual del Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria, se detallan las 70 medidas implantadas durante 2021, entre las que destacan, además de las mencionadas anteriormente, la eliminación de la parte fija del canon del saneamiento para los municipios despoblados, el Plan corresponsables para facilitar la conciliación laboral en municipios rurales en riesgo de despoblación, la mejora de redes municipales de abastecimiento y el desarrollo del programa de capacitación digital en los entornos rurales y la digitalización del transporte por carretera.

En materia sanitaria, la mejora de las comunicaciones de los consultorios médicos, con el impulso de la telemedicina y la telesalud, y respecto al desarrollo de internet en las zonas rurales, se ha detallado la puesta en marcha de la conexión 5G de banda ancha de 700 megahercios en 10 ayuntamientos de Cantabria para garantizar la conectividad en la región.

Otras iniciativas están relacionadas con el programa de viviendas rurales comunitarias La Carrauca y al proyecto de prevención de aislamiento social y soledad no deseada en Campoo-Los Valles, el convenio formalizado por segundo año consecutivo con el Valle de Villaverde para paliar el declive demográfico y la simplificación normativa y administrativa para erradicar frenos al desarrollo de proyectos.