Santander- 24.09.2023

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha paralizado el derribo de 86 viviendas en Argoños (78 en la urbanización Pueblo del Mar y 8 en La Llana 2) al estimar el incidente de inejecución de sentencias presentado por el Gobierno regional, junto con el Ayuntamiento y las respectivas comunidades de propietarios.

En sendos autos remitidos a las partes, el tribunal toma en consideración el argumento de que ambas promociones tienen en estos momentos cabida legal en el planeamiento urbanístico vigente mientras el Supremo no resuelva el recurso contra la anulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Este Plan, que fue declarado nulo por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSCJ y ha sido recurrido en casación por el Gobierno regional al Alto Tribunal, es el que da cobertura legal al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, aprobado en enero de este año, que es, a su vez, el que ampara las licencias concedidas para dichas viviendas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha admitido la inejecución de las sentencias ante el perjuicio que podría generarse si finalmente el Supremo confirma la legalidad vigente del PORN, del PGOU y, consecuentemente, de las licencias emitidas.

El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha valorado que esta noticia supone un «alivio» y un «balón de oxígeno» para los propietarios de estas viviendas y ha reiterado el compromiso de la presidenta María José Sáenz de Buruaga de dar una solución definitiva al problema de los derribos en esta legislatura.

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo regional va a seguir trabajando «con agilidad y eficacia en la gestión» para, en primer lugar, intentar regularizar urbanísticamente donde sea posible; en segundo lugar, compensar con una casa de sustitución donde no exista esta alternativa y, en último caso, indemnizar.

Media ha trasladado el apoyo del Gobierno cántabro a los afectados y les ha dicho que «no están solos» en su lucha por resolver esta «situación tan injusta» que vienen padeciendo desde hace más de dos décadas.