«La Consejería de Sanidad apuesta por extender esta prestación a todas las personas», ha dicho Pesquera, ofreciendo «diálogo permanente» a todas las personas y entidades para asegurar «el derecho universal a la sanidad» y garantizar igualdad y equidad en la aplicación de la norma.

«Siempre hemos demostrado una especial sensibilidad con este tema, porque es una cuestión de justicia, y el procedimiento que se ha implementado está pensado para ofrecer la prestación con total garantía», rompiendo cualquier barrera que surja en el proceso. Por eso, mantendremos un contacto continuo con las asociaciones y entidades y seguiremos trabajando «codo con codo» para soslayar cualquier escollo, por nimio que sea, ha explicado el titular de Sanidad.

Por su parte, el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Rafael Sotoca, presente también la reunión, ha ensalzado el sistema público de salud, que cuenta «con muchas prestaciones» y está en disposición, ha dicho, de «trabajar en todos los ámbitos» y abordar casos complejos que puedan acarrear más dificultad.

En este sentido, los responsables de las asociaciones presentes han coincido en señalar que esta orden supone «un paso muy importante», un salto hacia delante y un cambio sustancial en un momento, además, en el que se ha incrementado el número de personas en esas condiciones en Cantabria, que poseen un perfil distinto al habitual, puesto que llegan a nuestro país familias enteras en lugar de personas aisladas.

La norma (Orden SAN/2/2023, de 20 marzo) comienza su andadura y todos los presentes han manifestado su confianza en que el engranaje que regula funcione «a la perfección», pero se han comprometido a trabajar para «pulir y matizar» el procedimiento, ante la más mínima dificultad que se detecte y que pueda comprometer la prestación del servicio.

Además de Pesquera y Sotoca, han participado en el encuentro la directora general de Ordenación, Farmacia e Inspección, Raquel Olalla, junto a varios técnicos de su departamento, así como el representante de Movimiento por la Paz, Pablo Lobo; la coordinadora de Cantabria Acoge, Marta Sánchez; la responsable de Nueva Vida, Carmen Pérez Moreno; los miembros de Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria José Antonio Alonso y Jorge Suárez; y, por parte de Cruz Roja, Beatriz Aldama y Vanesa Gutiérrez.

Derecho universal

La Orden SAN/2/2023, de 20 marzo, regula el procedimiento para la solicitud, registro y expedición del documento certificativo que acredite el derecho a recibir asistencia sanitaria en el ámbito del sistema sanitario público de Cantabria a las personas extranjeras que, encontrándose en el territorio de la Comunidad Autónoma, no tengan residencia legal.

La norma garantiza a esas personas el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española.

Para ello, los extranjeros, que no esten registrados ni autorizados como residentes en España y precisen asistencia, podrán solicitar el acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, dirigido a la Subdirección de Asistencia Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud.

Una vez valorada la documentación aportada, se registrará a la persona interesada en el Sistema de Información Poblacional de Cantabria, asignándose un Código de Identificación Personal. Una vez valorada la solicitud, si la resolución es estimatoria, se trasladará el alta a la Base de Datos de Población Protegida Autonómica y a la del Sistema Nacional de Salud.