Santander- 22.10.2022

El anteproyecto de Ley de participación ciudadana de Cantabria, que impulsa la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria, ha superado el trámite de información pública, proceso en el cual se han presentado una decena de alegaciones.

Algunas de las entidades que han planteado propuestas son la Asociación de Vecinos de Cueto, los partidos políticos de Izquierda Unida Cantabria y Cantabristas, la Asociación Espacio A Cumuña, la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos y la Organización Empresarial CEOE-CEPYME de Cantabria.

Igualmente, han presentado iniciativas otros departamentos del Gobierno como las consejerías de Obras Públicas y de Universidades e Igualdad, así como una persona física.

Las propuestas planteadas al Ejecutivo en este proceso, en el que ya se ha avanzado un texto normativo, solicitan ampliar el ámbito de aplicación previsto a las entidades locales, modificar la redacción de los preceptos que regulan los principios básicos, así como los sujetos del derecho a la participación y los instrumentos de participación,

Otras alegaciones están vinculadas a los procesos participativos y la iniciativa ciudadana, los presupuestos participativos o la regulación correspondiente al buzón de denuncias contra la corrupción.

Asimismo, se defiende la necesidad de programas específicos de formación en materia de participación dirigidos a colectivos especialmente sensibles y a la obligatoriedad del Programa Anual de Participación.

En otros casos, se demanda la creación de las figuras del Defensor del Pueblo Cántabro y del Defensor del Vecino, la inclusión del ‘Conceju o Conceju Abierto’ como institución de participación y rebajar el número de firmas exigidas por la Ley 7/2018, de 5 de diciembre, de Iniciativa Legislativa Popular de Cantabria.

También, se plantea establecer la reprobación de los miembros de las corporaciones locales, la obligatoriedad de grabar y emitir las sesiones plenarias de los Ayuntamientos o la emisión en directo por streaming de las sesiones plenarias celebradas en el Parlamento de Cantabria.

Estudio de las alegaciones

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha afirmado que el Gobierno está analizando todas las alegaciones para darles respuesta e incluir las que sean viables en el proyecto de ley y ha recordado que la normativa ha tenido anteriormente un “amplio proceso de consulta e información” que ha precedido a la redacción del borrador que ha salido al trámite de información pública.

En concreto, según ha informado Fernández Viaña, todas las propuestas que se han presentado hasta ahora en ambos procesos –proceso extraordinario de participación y trámite de información pública-, serán publicadas en la página web Cantabria Participa, con indicación de si las propuestas han sido admitidas o rechazas y su correspondiente motivación.

Una vez finalizado el proceso participativo, el borrador resultante continuará con su tramitación administrativa en el Gobierno de Cantabria, que aprobará el proyecto de ley y lo remitirá al Parlamento para su debate y votación antes de que finalice la presente legislatura.

La nueva ley autonómica regula un marco general a través del cual se puedan llevar a cabo distintos procesos participativos, proporcionando los cauces materiales, la información y conocimientos necesarios para motivar a los ciudadanos y ciudadanas a participar en los asuntos públicos, con el objetivo de lograr mejores resultados en la gestión pública y una mayor calidad democrática.

Por otra parte, se quiere fomentar y mejorar el buen gobierno y las buenas prácticas en la gestión pública luchando contra la corrupción, mediante la creación de un Buzón ético contra la corrupción. Con este mecanismo, se abre la posibilidad a las personas ajenas al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que sean conocedoras de presuntas situaciones irregulares, a ponerlo en conocimiento de la Administración, con protección de la identidad de la persona informante.

El proyecto legislativo en el que trabaja Cantabria está incluido en el IV Plan de Gobierno Abierto de la Administración del Estado, que aglutina todas las propuestas del país en materia de transparencia, regeneración, buen gobierno y lucha contra la corrupción.