Santander- 05.12.2022

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha mantenido hoy un encuentro con representantes del sector -al que estaban convocadas las organizaciones profesionales agrarias (UGAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS), las cooperativas agrarias (AgroCantabria, Ruiseñada Comillas y Valles Unidos del Asón); la Federación de Asociaciones de Razas Cárnicas y las asociaciones de las distintas razas; la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA); la Asociación de criadores de ganado equino de raza hispano bretona, y las Asociaciones de criadores de ovejas y de cabras- para informarles de la propuesta de la Consejería del nuevo baremo de daños de la fauna silvestre que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

Entre las novedades que propone el Gobierno de Cantabria, destaca la actualización de los baremos en daños en ganado, apicultura, pequeños animales y producción agrícola y forestal; incluir el lucro cesante en hembras en producción en el caso del bovino, ovino y caprino; simplificar la clasificación del ganado bovino por aptitud y no por razas; indemnizar la pérdida de perros mastines por ataques de lobo; incluir un nuevo tipo de daño por el oso en la producción de miel, e incrementar las indemnizaciones por daños en arbolado, maizales, praderías o pastizales por diferentes especies de fauna silvestre.

Una serie de propuestas que se han presentado a estas organizaciones para que presenten sus propias propuestas en las próximas semanas de forma que el baremo definitivo pueda aprobarse en el próximo mes de enero con efectos desde el primer día del año 2023.

El consejero ha destacado la importancia de revisar periódicamente estas compensaciones por los daños producidos por diversas especies de fauna en los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales y ha hecho especial hincapié por su elevado volumen en los daños provocados por el lobo sobre la ganadería extensiva, teniendo en cuenta que entre 2018 y 2022, con datos aún provisionales en este último año, el lobo ha provocado la muerte o ha herido a 8.186 reses, de las que 3.402 eran de ganado ovino, 2.157 de equino, 1.742 de bovino y 885 de caprino.

La reunión también ha servido para informar al sector de la intención de la Consejería de Desarrollo Rural de revisar en 2023 la zonificación del Plan de Gestión del Lobo, teniendo en cuenta la creciente expansión de las poblaciones de lobo por el territorio de la Comunidad Autónoma.

El objetivo de la zonificación del Plan de Gestión es facilitar la gestión de la especie y servir de referencia para el apoyo a las medidas preventivas y el pago por servicios ambientales, y su revisión tendrá en cuenta criterios como el área actual de distribución de la especie y el número de grupos como cría confirmada; la disponibilidad de presas silvestres; el grado de humanización del territorio; la presencia de ganadería extensiva y daños, y la coherencia y homogeneidad de las unidades de gestión resultantes.

En la actualidad, la zona 1 está integrada por 36 municipios y 3.024 kilómetros cuadrados; la zona 2, por 18 municipios y 844 kilómetros cuadrados, y la zona 3, por 48 municipios y 1.453 kilómetros cuadrados.

Tal y como ha avanzado el consejero, su departamento publicará en el primer trimestre de 2023 una orden por la que se modificará el Plan de Gestión del Lobo para incorporar una actualización de la zonificación con efectos en las ayudas y pagos por servicios ambientales que se convoquen el año que viene.

Finalmente, se ha informado sobre el proceso de revisión de los expedientes de daños causados por el lobo en los años 2021 y 2022, con la aprobación de un nuevo modelo de acta de inspección que refuerce la seguridad del procedimiento, además de establecer sistemas de control interno para detectar variaciones significativas en los porcentajes de expedientes estimados y desestimados que pudieran deberse a problemas de interpretación de las actas de inspección.

El consejero, Guillermo Blanco, ha destacado la importancia de llevar a cabo todas estas medidas en desarrollo del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, además de mantener el rechazo absoluto de la decisión del Ministerio de incluir a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, decisión, ha señalado Blanco, “que en modo alguno responde a una indicación de la Comisión Europea, como algunos sectores han pretendido hacer ver”.

Al contrario, ha afirmado el consejero, “la propia presidenta de la Comisión ha trasladado a los servicios del organismo que preside, el reciente acuerdo del Parlamento Europeo que requería a la Comisión que se adapten las normas comunitarias para permitir que las autoridades regionales puedan adoptar medidas de gestión de especies como el lobo que faciliten su coexistencia con la ganadería”.

“Ni ha cambiado la Directiva Hábitats, que es la norma básica que determina las posibilidades de gestión del lobo en la Unión Europea, ni el Convenio de Berna impide la adopción de medidas de control de poblaciones”, ha subrayado el consejero, quien ha querido dejar claro que “la responsabilidad de impedir una correcta gestión del lobo y de su coexistencia con la ganadería es única y exclusivamente de la ministra Ribera que ha actuado de la mano de la organización Ascel, ignorando el criterio técnico y los argumentos de las Comunidades que somos las garantes de la conservación del lobo”.

En la reunión también han participado los directores generales de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, Antonio Lucio, y de Ganadería, Beatriz Fernández, así como el subdirector general de Medio Natural, Ángel Serdio.