El BOC publica hoy la Orden que regula el derecho del alumnado a una evaluación objetiva
Santander- 03.04.2023
La Consejería de Educación y Formación Profesional ha culminado el conjunto del desarrollo normativo que había de aprobar como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación, LOMLOE.
Así, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica hoy la orden por la que se regula el derecho del alumnado a una evaluación objetiva. Una norma que también establece el procedimiento de revisión de calificaciones y de reclamación contra las decisiones de promoción y titulación, y que constituye el último texto que faltaba de publicar por parte del Gobierno cántabro.
La consejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó, ha destacado el trabajo de todas las direcciones y empleados públicos implicados en el desarrollo normativo, que han permitido a Cantabria cumplir «en tiempo y forma» con la publicación del conjunto de normativa derivada de la LOMLOE.
La Orden
Esta normativa será de aplicación en centros públicos y privados que imparten educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP y estructura en tres capítulos: el derecho a una evaluación objetiva, el procedimiento de revisión y el procedimiento de reclamación.
La evaluación es un factor clave que contribuye a conseguir la mejora de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, desde las instancias educativas se apuesta por desarrollar instrumentos que garanticen la objetividad y que materialicen el principio de colaboración entre el profesorado, el alumnado y las familias.
Las programaciones didácticas que forman parte de los proyectos curriculares deben incluir los procedimientos, actividades, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del alumnado. Con esta orden que hoy se publica se busca conferir homogeneidad a los distintos procedimientos que, en la práctica, los centros educativos ya vienen empleando para garantizar el derecho del alumnado a una evaluación objetiva.
Entre las garantías para una evaluación objetiva gana presencia la evaluación continua y también se apuesta porque los padres, madres o representantes legales del alumnado mantengan una relación fluida con los docentes o tutores para conocer su evolución, entre otros aspectos.
La norma contempla, entre otros aspectos, que al finalizar cada sesión de evaluación se informe por escrito a padres, madres y tutores legales sobre el aprovechamiento académico y el sentido de la evolución del proceso educativo. También se les informará sobre los criterios de evaluación, promoción y titulación al inicio de cada curso y a lo largo del curso, cuando la situación lo aconseje o las familias lo demanden.
Asimismo, los padres y el alumnado de mayor edad, tendrán acceso a los documentos y a las pruebas de evaluación y derecho a copia, y se podrán solicitar aclaraciones sobre las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como la revisión de las calificaciones finales fijando los criterios y pasos que han de regir el procedimiento de reclamación.
La Consejería de Educación y Formación Profesional ha culminado el conjunto del desarrollo normativo que había de aprobar como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación, LOMLOE.
Así, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica hoy la orden por la que se regula el derecho del alumnado a una evaluación objetiva. Una norma que también establece el procedimiento de revisión de calificaciones y de reclamación contra las decisiones de promoción y titulación, y que constituye el último texto que faltaba de publicar por parte del Gobierno cántabro.
La consejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó, ha destacado el trabajo de todas las direcciones y empleados públicos implicados en el desarrollo normativo, que han permitido a Cantabria cumplir «en tiempo y forma» con la publicación del conjunto de normativa derivada de la LOMLOE.
En concreto, Cantabria, ha recordado, ha sido de los primeros territorios en publicar los decretos de currículos, a los que siguieron las órdenes de implantación de estos, los decretos para adecuar los reglamentos orgánicos de centro de las distintas etapas, la orden que regula el Bachillerato a Distancia y el Bachillerato nocturno, entre otras normativas.
La Orden
Esta normativa será de aplicación en centros públicos y privados que imparten educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP y estructura en tres capítulos: el derecho a una evaluación objetiva, el procedimiento de revisión y el procedimiento de reclamación.
La evaluación es un factor clave que contribuye a conseguir la mejora de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, desde las instancias educativas se apuesta por desarrollar instrumentos que garanticen la objetividad y que materialicen el principio de colaboración entre el profesorado, el alumnado y las familias.
Las programaciones didácticas que forman parte de los proyectos curriculares deben incluir los procedimientos, actividades, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del alumnado. Con esta orden que hoy se publica se busca conferir homogeneidad a los distintos procedimientos que, en la práctica, los centros educativos ya vienen empleando para garantizar el derecho del alumnado a una evaluación objetiva.
Entre las garantías para una evaluación objetiva gana presencia la evaluación continua y también se apuesta porque los padres, madres o representantes legales del alumnado mantengan una relación fluida con los docentes o tutores para conocer su evolución, entre otros aspectos.
La norma contempla, entre otros aspectos, que al finalizar cada sesión de evaluación se informe por escrito a padres, madres y tutores legales sobre el aprovechamiento académico y el sentido de la evolución del proceso educativo. También se les informará sobre los criterios de evaluación, promoción y titulación al inicio de cada curso y a lo largo del curso, cuando la situación lo aconseje o las familias lo demanden.
Asimismo, los padres y el alumnado de mayor edad, tendrán acceso a los documentos y a las pruebas de evaluación y derecho a copia, y se podrán solicitar aclaraciones sobre las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como la revisión de las calificaciones finales fijando los criterios y pasos que han de regir el procedimiento de reclamación.
