El titular de este departamento, Guillermo Blanco, ha presentado hoy, en rueda de prensa, el nuevo baremo para la indemnización de los daños producidos por la fauna silvestre, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Cantabria y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023.

El consejero ha estado acompañado por los directores generales de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, Antonio Lucio, y de Ganadería, Beatriz Fernández, así como por representantes del sector -las organizaciones profesionales agrarias (UGAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS), las cooperativas agrarias (AgroCantabria, Ruiseñada Comillas y Valles Unidos del Asón), la Federación de Asociaciones de Razas Cárnicas y las asociaciones de las distintas razas, la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA), la Asociación de criadores de ganado equino de raza hispano bretona y las Asociaciones de criadores de ovejas y de cabras-, con quienes la Consejería ha consensuado el documento.

Blanco ha explicado que este nuevo baremo responde a la necesidad de actualizar el anterior, vigente desde 2020, en todos los tipos de bienes considerados (ganado, apicultura, otros animales, cultivos, pastizales y praderías y arbolado) y ha destacado que Cantabria sigue siendo la comunidad con la baremación de daños más alta, porque, según ha dicho, «aquí existe la sensibilidad de que el daño hay que pagarlo lo mejor posible, puesto que el daño moral es imposible de reflejar en ningún cheque».

Sobre el lobo, ha insistido en la necesidad de que las comunidades autónomas puedan hacer controles de población para lograr la necesaria coexistencia entre esta especie y la ganadería extensiva, de suma importancia para la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales y la supervivencia del sector ganadero.
«Vamos a seguir peleando en los tribunales por hacer ver la razón que nos asiste en su totalidad», ha asegurado Blanco, que confía en que la situación derivada de la aplicación del LESPRE acabe por revertirse bien porque la justicia dé la razón a Cantabria o bien porque se produzca un «cambio de titular» al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya que, en su opinión, «el sentido y el pensamiento» del departamento que actualmente dirige Teresa Ribera «no va a cambiar».

«El mayor atentado contra el medio rural de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León se ha hecho desde el ministerio que lucha contra la despoblación», ha lamentado Guillermo Blanco.

Valoración de daños

El nuevo baremo ha simplificado la clasificación de los tipos de ganado, que pasan a agruparse por vocación productiva en lugar de por razas y se incluye el lucro cesante en las hembras de los diferentes tipos de ganado en edad productiva, con o sin inscripción genealógica, para las que se incrementa la valoración por las pérdidas de producción: 300 euros en bovino de carne y en equino, 1.400 euros en bovino de leche, 20 euros en ovino y caprino de aptitud cárnica, 60 euros en ovino de aptitud láctea y 175 euros en caprino de aptitud láctea.

Además, aplicando este mismo criterio, este lucro cesante incluye los daños en colmenas fuera del periodo de la producción que en el baremo anterior no se indemnizaban.

Otra de las novedades del nuevo baremo es la inclusión de la indemnización por los daños que se produzcan por ataques de lobo a los mastines por su estrecha relación con la actividad ganadera y su papel en la prevención de daños, valorándose en 300 euros los perros de hasta 12 meses y en 400 euros los perros de más edad, siempre que se acredite documentalmente que el perro es propiedad del titular de la explotación ganadera en la que se produce el ataque.

También se incrementan las indemnizaciones por daños en arbolado, maizales, praderías o pastizales por diferentes especies de fauna silvestre.

Por último, siguen manteniéndose en el nuevo baremo el aumento de indemnización por animal muerto en ganado ovino o caprino cuando en un mismo ataque resulte afectado más del 20% del censo de la explotación, siendo ese incremento igual al porcentaje del censo afectado, y el pago de los gastos veterinarios y de medicamentos para los animales heridos.

El baremo es de aplicación en los daños producidos por la fauna silvestre en aquellos terrenos en los que, de acuerdo con la normativa vigente, la responsabilidad de indemnizar recae en la Administración regional: para las especies catalogadas como amenazadas o en régimen de protección especial, los daños producidos en toda la región; para las especies cinegéticas, los daños producidos en terrenos cuya titularidad cinegética corresponde a la Administración regional o en los que esté prohibida la caza.

En el caso del ganado bovino las indemnizaciones varían en función de edad, la vocación productiva y si se trata de animales con carta genealógica, oscilando entre los 600 euros de un ternero sin carta, con incremento de 200 euros respecto al actual baremo, hasta los 2.600 euros por una vaca de aptitud láctea en edad de  producción, cuantía que incorpora el lucro cesante.

En el ganado equino, las nuevas indemnizaciones van desde los 600 euros de un potro sin carta, hasta los 1.800 de una yegua en edad productiva y carta genealógica, cifra que incluye el lucro cesante. Los incrementos en equino oscilan entre los 100 y los 300 euros.

Por su parte, los ejemplares de ovino y caprino serán indemnizados por cuantías de entre 135 euros los corderos y cabritos sin carta, y los 375 euros de las cabras adultas de aptitud láctea y cuyos propietarios demuestren la entrega de leche o la elaboración y comercialización de sus propios productos. En ovino y en caprino, se incorpora la indemnización por lucro cesante en hembras en edad productiva tanto de carne como de leche. 

En la apicultura, la indemnización por pérdida de colmena completa pasa de 150 a 175 euros; la pérdida por producción de miel por colmena aumenta de 120 a 140 euros, si la pérdida es en período productivo (de marzo a septiembre), incorporándose por vez primera una indemnización de 50 euros si la colmena destruida está fuera del período productivo.

En cuanto al resto de animales, también se incrementa la indemnización en pequeños animales como gallinas, pollos, patos, ocas o conejos.

En el caso de los cultivos, los pagos por daños se incrementan en todo tipo de cultivos, tales como los viñedos (de 3 a 4 euros por cepa); maíz (de 0,35 a 0,45 euros por metro cuadrado); los daños en hierba en las praderías de costa y vegas (de 0,20 a 0,25 euros por metro cuadrado); los daños por hozaduras en pastizales de diente (0,15 a 0,20 euros por metro cuadrado) o la pérdida de bolas de silo (de 25 a 30 euros la unidad), entre otros.

El consejero ha recordado que desde 2019 su departamento ha tramitado, con datos aún provisionales para el año 2022, 5.215 expedientes de daños al ganado, correspondiendo 4.580 a ataques de lobo (87,82%); 517 a ataques de buitre (9,92%), y 118 a ataques de oso (2,26%). Solo considerando las reses muertas o heridas por ataques de lobo en los últimos cinco años, la suma provisional asciende a 8.186 animales.

Nueva zonificación

Blanco ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para informar de la actualización de la zonificación del Plan de Gestión del Lobo. El objetivo de la zonificación, ha explicado el consejero, es facilitar la gestión del lobo y servir de referencia para el apoyo a las medidas preventivas y el pago por servicios ambientales, y para su actualización se han tenido en cuenta y la distribución de los de grupos con cría confirmada y de los daños desde 2019.

Desde la aprobación del plan en 2019 la Zona 1 estaba integrada por 36 municipios y 3.024 kilómetros cuadrados; la Zona 2, por 18 municipios y 844 kilómetros cuadrados, y la Zona 3, por 48 municipios y 1.453 kilómetros cuadrados.

Con la nueva zonificación propuesta, que se someterá a información pública en las próximas semanas, antes de su aprobación como modificación del plan, la Zona 1 estaría integrada por 45 municipios, al incorporarse Arredondo, Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Miera, Los Corrales de Buelna, Herrerías, Ruesga, San Felices de Buelna y Valdáliga, que hasta ahora pertenecían a la Zona 2.

Esto supone un incremento en 477,42 kilómetros cuadrados de la Zona 1, que es el área de presencia permanente de la especie y en ella merodean los grupos con cría confirmada en los últimos años, que incluye ya al 65,81% (3.501,65 kilómetros cuadrados) de la superficie de Cantabria, con un incremento del 8,97% respecto a 2019.

Esto supone que la Zona 2, que tiene una presencia menos estable del lobo, generalmente de ejemplares solitarios y de grupos sin cría confirmada, pero en la que en los últimos años se han repetido los episodios de daños a la ganadería, pasa a estar integrada por 15 municipios, al dejar de contar con los 9 que pasan a la Zona 1 y sumar los 6 que se incluían en la Zona 3 (Cartes, Liérganes, Puente Viesgo, Riotuerto, San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente), que suman un total de 214,76 kilómetros cuadrados. En total, la Zona 2 pasa a ocupar una superficie de 580,90 kilómetros cuadrados, el 4,93% de la superficie regional.

Por lo tanto, las Zonas 1 y 2 agrupan los 60 municipios con presencia, en mayor o menor medida, del lobo, y suponen ya el 76,73% de la región (4.082,55 kilómetros cuadrados), un incremento del 4,04% en superficie y 6 municipios más que en 2019, lo que pone de manifiesto el incremento del área de presencia de lobo en la región, siendo particularmente relevante la extensión de los daños recurrentes a zonas costeras, o muy próximas a la costa, en el área occidental (entre Val de San Vicente y Mazcuerras), y la consolidación e incremento de la presencia del lobo en la zona central y oriental de Cantabria (especialmente en los valles del Besaya, Miera y Asón).

Finalmente, la Zona 3 estará formada por los restantes 42 municipios cántabros, que en los últimos años no registran la presencia del lobo o lo hacen de forma muy testimonial y esporádica, sumando una superficie de 1.238,45 kilómetros cuadrados (23,27% de la región).

El pago por servicios ambientales, que Cantabria ha puesto en marcha en 2022, siendo la única comunidad autónoma con una medida de esta naturaleza de concesión directa, se dirige a las explotaciones de ganadería extensiva en municipios de la Zona 1 y, en su primer año de aplicación, se han distribuido más de 1 millón de euros a cerca de 1.000 explotaciones.

Las ayudas para las medidas preventivas de los daños (mastines, cercados) pueden solicitarlas cualquier ganadero, se conceden en régimen de concurrencia competitiva y se ponderan con mayor puntuación las explotaciones de municipios de Zona 1 frente a los de Zona 2, y a estos frente a los de Zona 3.