El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, han suscrito este viernes un convenio con el que se creará una delegación de oficina judicial en las instalaciones del Centro Penitenciario de El Dueso, ubicado en la localidad cántabra de Santoña.

Esta delegación de oficina judicial prestará asistencia a todos los órganos judiciales del país en todas aquellas actuaciones procesales que afecten a las personas privadas de libertad recluidas en el Centro Penitenciario de El Dueso, así como a los empleados públicos que tienen allí su centro de trabajo.

El acto de firma del convenio se ha realizado en las instalaciones del propio centro penitenciario, y al mismo han asistido, entre otros, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y el alcalde de Santoña, Sergio Abascal.

Para el ministro del Interior, la firma del convenio prueba que los dos ministerios y la administración autonómica que lo suscriben “estamos comprometidos con la mejora de la calidad del servicio que nuestras instituciones prestan al ciudadano, en este caso a los internos de este centro penitenciario”.

Según la ministra de Justicia, “estos avances ofrecen garantías procesales a los internos y a los operadores jurídicos, además de contribuir a una mejor protección de la víctima, reafirmando nuestro compromiso con la justicia social, más cercana, accesible e igualitaria”.

En virtud del convenio firmado este viernes, el Ministerio del Interior pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma de Cantabria, administración competente en materia de Justicia en su territorio, las dependencias adecuadas para la creación de esta delegación de oficina judicial en el Centro Penitenciario de el Dueso.

Además, el departamento que dirige Grande-Marlaska asumirá los gastos de mobiliario y los ordinarios de energía eléctrica, climatización y servicios postales necesarios para el desarrollo de la actividad judicial con cargo a los presupuestos asignados para el funcionamiento del propio centro penitenciario, del que la delegación de oficina judicial pasa a ser es una dependencia más.

Por su parte, el Ministerio de Justicia se compromete a aprobar la plantilla de personal que trabajará en esta delegación, cuyas nóminas serán abonadas con cargo a las partidas presupuestarias destinadas por la consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria.

Otro de los objetivos de la colaboración entre los ministerios de Justicia e Interior, en el marco del proceso de modernización de la Justicia, es el despliegue de soluciones de videoconferencia para juicios telemáticos en Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias, con el fin de agilizar la toma de declaraciones, reducir los traslados de internos y favorecer la labor de operadores jurídicos y cuerpos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

REFORMA INTEGRAL

Al concluir el acto de firma del convenio, Grande-Marlaska y Llop han recorrido las instalaciones del Centro Penitenciario de El Dueso acompañados por la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Mercedes Gallizo, para conocer el proyecto de reforma integral del recinto, presentado por la arquitecta directora de las obras, Ángela Guzmán.

La reforma integral proyectada pretende trasladar al Centro Penitenciario de El Dueso el modelo de funcionamiento de los modernos centros penitenciarios-tipo para que incorpore las ventajas que su diseño aporta tanto a las personas internas como a los funcionarios y los trabajadores.

El proyecto de reforma ha tenido en cuenta las especiales circunstancias del recinto penitenciario, situado en el término municipal de Santoña (Cantabria) y dentro del Parque Natural de las Marismas de Santoña, un entorno natural protegido, circunstancia que ha limitado las posibilidades de acometer actuaciones para mejorar su sostenibilidad y eficiencia energética.

Por ese motivo, el proyecto pone especial énfasis en aquellos factores que suponen un ahorro de energía, uno de los principales puntos débiles de esta centenaria infraestructura. La obra cuenta con un presupuesto global de 12 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.